Decadencia del Congreso

 

Inició con una denuncia periodística. Le siguieron otra, otra y otra.

Congresistas que contratan personas ajenas al servicio parlamentario para trabajar en sus despachos del Congreso. Sin embargo, a cambio del sustancioso sueldo que recibirán, deben dar parte o toda la remuneración al parlamentario como un “pago de favores”. Una vergonzosa, nefasta y vil práctica en el Congreso, anterior al retorno de la democracia en 2001. ¿Recuerdan el caso del entonces congresista Michael Urtecho en 2013, quizá el peor de todos?.

Cuando en 2015 el Congreso aprobó el Estatuto del Servicio Parlamentario, mediante el cual los asesores de los congresistas dependerían de Recursos Humanos y no de cada parlamentario, suponíamos que ese vicio desaparecería, pero, al año siguiente, una conocida mayoría absoluta de un solo color partidario en la Cámara, que no será bien recordada por la Historia, “se lo cargó”. Recién el año pasado el Congreso acordó restituir el Estatuto, pero el daño está hecho.

Está hecho, porque estos actos inmorales dañan la alicaída imagen de los congresistas en general (por desgracia, los medios de comunicación y la ciudadanía no hacen distinción entre uno u otro) y la majestad del Congreso. No es posible ni aceptable que un congresista, representante de la soberanía popular, se valga de su alta investidura para perpetrar inmoralidad y hasta crímenes. Es indigno y una bofetada al electorado. Requiere sanciones ejemplares, conforme a ley. También es cierto que la mayoría de congresistas tiene una actuación relativamente decente.

Hacen mal, hacen bastante mal aquellos congresistas que minimizan esas acciones (casi) delincuenciales, las justifican políticamente o, peor, no hacen ni dicen nada. Creen que la ciudadanía olvidará, porque aprobaron en la Cámara tonterías como declarar feriado no-laborable el 07 de junio, conmemoración de la Batalla de Arica de 1880. Parecen incapaces de entender que estos actos se pagan en las ánforas y, a veces, más allá.

En Venezuela, en la década de 1990, estalló el escándalo de las “parlamatracas” en el entonces Congreso. ¿En qué consistía?. Cada vez que un senador o un diputado, sin importar el color partidario, descubría o le informaban de un escándalo de corrupción administrativa entre empresarios y funcionarios públicos, en vez de denunciarlo ante fiscales para que jueces procedan, “chantajeaba” en privado a uno de los involucrados para obtener su “tajada” del latrocinio.

Investigado incisivamente por los medios de comunicación, el escándalo de las “parlamatracas” terminó por convencer a muchos venezolanos que el entonces Congreso era una “inmundicia”. No sorprendió que, años después, cuando Hugo Chávez en el poder atacase el Congreso y amenazara con la Asamblea Nacional Constituyente (ANC) para “transformar las instituciones”, casi nadie protestara. No sorprendió que, cuando la ANC decretó el cese del entonces Congreso para asumir sus funciones hasta la instalación de la nueva Asamblea Nacional (conforme a la nueva Constitución), casi nadie se opusiera.

Creo vamos por ese camino.