Trascendió días atrás que la Autoridad Portuaria Nacional presentó una demanda ante la Comisión de Eliminación de Barreras Burocráticas del Instituto Nacional de Defensa de la Competencia y de la Protección de la Propiedad Intelectual (INDECOPI).
La demanda es sobre el acuerdo de “exclusividad” que la Autoridad Portuaria Nacional suscribió en 2021, bajo el gobierno de Francisco Sagasti, con el consorcio chino que construye el puerto multipropósito de Chancay como “iniciativa privada” y lo operará en monopolio. Tres años después la Autoridad Portuaria Nacional quiere que el INDECOPI revoque el acuerdo, porque desde 2023 considera es contrario a la libre competencia, pero acepta que la “exclusividad” se podría otorgar mediante una norma. El Organismo Supervisor de la Inversión en infraestructura de Transporte de Uso Público (OSITRAN) coincide que la “exclusividad” sí sería una barrera burocrática, porque no hay un contrato-ley sino un acuerdo.
Pese a que el asunto demoraría semanas o meses (el puerto sería inaugurado en noviembre coincidiendo con la visita oficial del presidente chino Xi Jinping a Perú), los gremios empresariales han saltado hasta el techo. Alegan que esta revisión “atenta” contra la seguridad jurídica y la inversión privada. El Ministro de Transportes y Comunicaciones declaró que él “defenderá” (no dijo cómo) la “exclusividad” de la operación en Chancay. Por ahora parece ha comenzado “cargándose” al titular de la Autoridad Portuaria Nacional.
Detrás de la defensa cerrada al acuerdo sobre la “exclusividad” en Chancay están los intereses económicos: el puerto multipropósito impulsaría la actividad minera y agroexportadora. Hay inversiones comprometidas y dinero en juego. A diferencia de Callao, Salaverry, Paita, General San Martín y Matarani, que son concesiones portuarias, Chancay será un puerto privado. Como afirma el economista Iván Alonso, dependerá del consorcio chino operador del puerto fijar cuánto cobraría de tarifas por los servicios auxiliares (que podrían ser tercerizados) para lograr que los usuarios no migren a otros puertos.
Sin embargo, cuando hablamos de Chancay, no podemos obviar lo que está sucediendo en otras latitudes y otros confines del mundo: China tiene una política de inversiones “depredadora”. Quien recorra los alrededores de Chancay, donde se construye el puerto multipropósito, verá una enorme cantidad de obreros chinos. Cuando comience a operar el puerto, probablemente, todos los operarios también sean trabajadores chinos. Aunque habría chinos que trabajen una temporada y después vuelvan a casa, habría chinos que traerían a sus familias y pronto se formaría una colonia china (cuya lealtad sería con China, no Perú), que querrán productos y servicios chinos, relegando la mano de obra y el comercio minorista en la zona.
Además, los chinos, quienes no tiene asco a la corrupción administrativa, no son amantes de las instituciones y el imperio de la ley en los países donde invierten dinero. Todo es parte de la estrategia imperialista de la dictadura comunista para que China arrebate en América Latina, Asia y África la hegemonía global a su principal rival, los Estados Unidos. Así lo señala el periodista argentino Agustín Barletti en su libro El hambre del Dragón: El plan de China para comerse el mundo, publicado el año pasado.
¿Debemos
prohibir las inversiones chinas en Perú?. Inconcebible para quien crea en la
economía de mercado. No obstante, necesitamos normas técnicas más claras y específicas
sobre la inversión extranjera y autoridades competentes, porque -lamentablemente-
cuando se trata de negocios, los chinos “no juegan limpio”.
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