Venganza torpe

 

Finalmente, el Congreso no destituyó a todos los integrantes de la Junta Nacional de Justicia, como se presumía.

A través de acusaciones constitucionales, fueron destituidos e inhabilitados políticamente por la Cámara los integrantes Inés Tello y Aldo Vásquez. En el caso de Tello, ella pretendía quedarse en el puesto, pese a que había excedido el límite de edad: 74 años. Alegaba -aún alega- que ese límite es para postular, no para ejercer el cargo. Una leguleyada imperdonable para alguien con sus pergaminos y su trayectoria profesional.

Vásquez, quien fuera Ministro de Justicia y Derechos Humanos bajo el gobierno de Ollanta Humala, ha sido el principal defensor de Tello. Presidiendo la Junta, hizo que todos los integrantes aprobaran una resolución administrativa “reinterpretando” la ley orgánica de 2019 para apoyar la pretensión continuista de Tello. Para los demás, no se consiguieron los votos necesarios en la Cámara. Sectores “de derecha” eran los principales promotores para “cargarse” a todos los integrantes de la Junta, pero entre “centristas” no existía tal ánimo. Esta pretensión ni siquiera era bien vista por la Presidenta de la República y su Gobierno.

La Junta Nacional de Justicia fue creada con la reforma constitucional ratificada en el Referéndum de 2018 para reemplazar el extinto Consejo Nacional de la Magistratura. En diseño, organización y composición, la Junta es una hechura de la soberbia y ensimismada “progresía” limeña, esas elites izquierdosas que, en ese entonces, respaldaban entusiastas el nefasto gobierno de Martín Vizcarra. Además, esos sectores “de derecha” culpan a la Junta por el nombramiento de personajes para las jefaturas de la Oficina Nacional de Procesos Electorales (ONPE) y el Registro Nacional de Identificación y Estado Civil (RENIEC) hace cuatro años que no han sido de sus simpatías desde las elecciones generales de 2021.

Esta columna de opinión no defiende la Junta (voté NO a la pregunta sobre la creación de este mostrenco en el Referéndum de 2018) ni sus integrantes (algunos más competentes que otros), pero sí las instituciones y el imperio de la ley. Aunque todos los integrantes titulares hubiesen sido destituidos y reemplazados por sus suplentes, el Congreso hubiera dado un “mazazo” al sistema de administración de justicia acelerando la descomposición institucional que sufre Perú.

En sectores “de izquierda” se pregonaba que esta operación política para “cargarse” a los integrantes de la Junta Nacional de Justicia era un plan bien elaborado de los sectores “de derecha” para “capturar” políticamente la ONPE y el RENIEC, con miras a las elecciones generales de 2026. Es demasiada paranoia. Estos sectores “de derecha” no son estratégicos ni tácticos. Si lo fuesen, hubieran -por ejemplo- propuesto reformar la Junta, en vez de intentar “cargarse” a sus integrantes.

Era venganza política pura y dura. Como los sectores “de derecha” no pueden acabar con su enemiga jurada, la “progresía” limeña, entonces iban a cortar las cabezas de la criatura “progre”, la Junta Nacional de Justicia. Fracasaron.