El último fin de semana, en Ayacucho, la Presidenta de la República fue víctima de una agresión física.
Ella estaba rodeada de una muchedumbre y con el Presidente Regional de Ayacucho a su lado en un evento oficial. De pronto una mujer burló la custodia policial, se acercó a ella y jaló su cabello para lastimarla. El hecho fue visto por reporteros, fotógrafos y camarógrafos. Efectivos de la Policía Nacional se llevaron a la agresora, mientras se oían gritos e insultos.
La agresora (no fue arrestada ni habría sido denunciada penalmente) es una viuda, cuyo marido murió por la represión militar durante los conatos de revuelta y los focos insurreccionales que facciones extremistas de izquierda radical desataron en el país tras la caída del incompetente, corrompido e ideologizado gobierno de Pedro Castillo el 07 de diciembre de 2022.
La agresión física a la Presidenta de la República fue condenada mayoritariamente por la opinión pública y los políticos. Por supuesto, hay “rojos” y “rojimios” que lo han justificado o minimizado (por ejemplo, la congresista Kelly Portalatino desde su cuenta en la red social X, otrora Twitter), además de usuarios en distintas redes sociales. Es “el dolor de las familias de quienes fueron asesinados por las Fuerzas Armadas y este Gobierno”, alegan, pero son burdas excusas. Al margen del género (masculino o femenino) o la coincidencia ideológica, lo sucedido en Ayacucho es un acto de violencia política, repudiable y aborrecible.
Tanto que en sectores “de izquierda” apuntan con el dedo acusador a esos colectivos ciudadanos vinculados a sectores “de derecha” como “violentistas” (creo no les falta razón), pero son incapaces de condenar la violencia política cuando viene desde sus filas y es dirigida hacia sus adversarios ideológicos. ¿Quieren que les recuerden el cono de tránsito lanzado a la cabeza del disuelto congresista Carlos Tubino al día siguiente del 30 de septiembre de 2019 en el Centro de Lima o el puñetazo en el rostro del entonces congresista Ricardo Burga delante del Palacio Legislativo en noviembre de 2020?. ¡Hipócritas!
Podemos aceptar o tolerar pifias o insultos, pero no que la agresión física sea una forma de expresión política o accionar político. Estaríamos cruzando una línea sin retorno. ¿Qué hubiese sucedido si esa agresora en Ayacucho se hubiera acercado a la Presidenta de la República empuñando un arma de fuego o un arma blanca con la intención de matarla?. Perú tiene tradición magnicida. Por ahora el Ministerio del Interior ordenó el cambio de toda la custodia policial de Su Excelencia.
¿No hemos aprendido nada como país sobre la violencia política?. Tenemos bastante de donde aprender: desde el magnicidio del senador Manuel Pardo en 1878 y las turbas alentadas por los “capituleros” durante la “República Aristocrática” (1895-1919), pasando por el matonismo del APRA en las décadas de 1930 y 1940 hasta el terrorismo comunista de Sendero Luminoso y el Movimiento Revolucionario Túpac Amaru (MRTA) en las décadas de 1980 y 1990.
No,
no, no. No más violencia política.
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