Mentira filosófica

 

Su nombre era Charles Louis de Secondat, señor de la Brède y barón de Montesquieu, un jurista y filósofo de la Francia ilustrada, pero que ha pasado a la Historia sólo como “Montesquieu”.

Nacido en 1689 y fallecido en 1755, Montesquieu, influido por la primigenia corriente del liberalismo clásico, es conocido por ser el teórico detrás de la noción occidental de “división y separación de poderes”. En su obra El espíritu de las leyes, publicada en 1748, Montesquieu habla de la imperiosa necesidad que todo el poder no esté concentrado en un solo par de manos o en pocas pares de manos. Como expresa el historiador español Alberto Garín, no es que en el “Antiguo Régimen” no hubiese contrapoderes limitando las monarquías absolutistas, sino que Montesquieu los “rediseñó” en los tres conocidos poderes públicos: ejecutivo, legislativo y judicial. Ningún poder es más que otro ni ninguno está subordinado a otro. El constitucionalismo contemporáneo incluyó un poder adicional, el electoral, pero bajo la misma premisa.

Cuando hoy en Perú leemos comunicados oficiales del Congreso “ilegítimo” diciendo que es “el primer poder” para justificar las aberraciones jurídicas que la Cámara “espuria” aprueba es una falacia del tamaño de la ciudadela incaica de Machu Picchu y una vergüenza descomunal ante el mundo. Simplemente, no existe un “primer poder”, como no existen un “segundo poder” ni un “tercer poder”. Todo este discurso no es más que un pretexto para demoler la institucionalidad y el imperio de la ley, a favor de ciertos intereses. 

Entonces, ¿de dónde surge ese postulado del “primer poder”?. En realidad, es una retórica mentirosa surgida en la década de 1960, a consecuencia del pacto entre el APRA y los odriistas (seguidores del ex dictador Manuel Odría) en el Congreso, también llamado la “Coalición del Pueblo”. Este nefasto pacto político ha pasado a la historia peruana como uno de los responsables de destruir la Constitución de 1933, hacer fracasar el “desarrollismo” democrático del presidente Fernando Belaunde y alentar el posterior golpe de estado de 1968.

Con mayoría en el Senado y la Cámara de Diputados, durante más de cinco años la “Coalición del Pueblo” interpeló y censuró ministros constantemente, aprobó iniciativas de mayor gasto público, condicionó políticas públicas del Supremo Gobierno (como se le conocía entonces) con más leyes y concentró mucho poder político. Para excusarse, alegaba que el Congreso era el “primer poder”. La misma retórica, a sesenta años de distancia.

Con Montesquieu a la mano, quienes podamos debemos decir a los congresistas que sostienen la tesis del “primer poder” que son unos HIPOCRITAS. Actualmente, el Congreso está “ilegitimado”, porque se ha convertido en un “poder extra-constitucional” después que “se cargó” la voluntad popular libremente expresada en el Referéndum de 2018 cuando aprobó la inmoral y malísima reforma para restablecer la bicameralidad.

Si el Congreso “ilegítimo” continúa por esa senda de tropelías y arbitrariedad, sólo queda DESOBEDECERLE, como permite la Constitución de 1993.