Quien escribe detesta cuando los políticos nos creen estúpidos.
Miércoles 16 de octubre. Ruidosamente, el “sucio” Ministro del Interior anti-izquierdista anunció que la Policía Nacional había capturado al “Número Dos” de los narcoterroristas de Sendero Luminoso-Proseguir, desde 2014 convertido en el Militarizado Partido Comunista, que aún está en la zona de los valles entre los ríos Apurímac, Ene y Mantaro.
Se llama Iván Quispe Palomino y, según comunicado oficial, fue capturado en Lima. Específicamente, en el distrito de San Juan de Lurigancho, uno de los municipios bajo el último Estado de Emergencia decretado por el Gobierno nacional. El hombre fue capturado en un control policial rutinario a la entrada de una de las estaciones de la Línea 1 del Metro de Lima. El Ministro de Interior, engreído de los sectores “de derecha”, hinchaba pecho de orgullo, pero el momento de gloria fue efímero.
Expertos como el sociólogo Jaime Antezana o el periodista Pedro Yaranga desmintieron al Gobierno nacional. Iván Quispe Palomino perteneció a Sendero Luminoso, purgó cárcel y fue liberado en 2005 cuando cumplió su condena. Su hermano, Víctor Quispe Palomino, el “Número Uno” del MPC, antes Proseguir, considera traidor a su hermano menor Iván, quien fue informante de la Policía Nacional y vive como albañil en Lima. El Ministro del Interior hizo el ridículo público, mancilló el honor de un inocente (sus seres queridos están furiosos), pero rehúsa retractarse. Encima se esconde cobardemente. Si tuviese decencia, hubiese renunciado hace rato, el (cínico) Presidente del Consejo de Ministros le hubiera pedido la renuncia o el Congreso lo amenazaría con una moción de censura en la Cámara.
Respecto al impopular e “ilegítimo” Congreso, allí también hay políticos que nos consideran estúpidos. Finalmente, la Cámara “espuria” aprobó corregir la enmienda “pro-crimen” a la Ley contra el Crimen Organizado de 2013. Delitos como extorsión o sicariato volverían a considerarse “crimen organizado” y se eliminaría el supuesto de la “cadena de valor” para definir cuándo existe una organización criminal. No obstante, en cuanto a los allanamientos de los fiscales con autorización de los jueces, ahora tendrían que esperar inevitablemente a la presencia de un abogado de oficio designado por el Consejo de Defensa Jurídica del Estado, previa coordinación entre el juez y el Ministerio de Justicia y Derechos Humanos. Mejor dicho, un absurdo.
Para colmo, la Cámara aprobó el dictamen que introduce la “criminalidad sistemática” en el Código Penal de 1991. Es una tipificación penal tan ambigua, que será complicadísima su aplicación por el Ministerio Público y el Poder Judicial. Tampoco ayudará en nada al combate contra la creciente criminalidad organizada en Lima y Callao, además que en el resto del país. ¿Quién define qué es “crear zozobra y terror”?, ¿quién precisa que es “la población o en parte de ésta”?. Además, ¿cadena perpetua?. La “criminalidad sistemática” o “terrorismo urbano”, como querían llamarle los sectores “de derecha”, tendría penas más severas que si fuese sólo terrorismo.
Hace tiempo el ex senador Miguel Cruchaga, quien en 1985 fue el encargado de organizar la primera visita del papa Juan Pablo II a Perú, por petición de su tío, el entonces presidente Fernando Belaunde, contó que cuando finalizaba la visita preguntó a Su Santidad qué opinaba sobre Perú. El Papa polaco le respondió que los peruanos eran un “pueblo noble”, pero le advirtió que cuando un pueblo noble se cansa de esperar, su reacción es tremenda.
Políticos, están advertidos.
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