Por mis relojes

 

Nueva polémica con la Presidenta de la República y sus relojes de pulsera de la marca suiza Rolex.

De acuerdo con un reporte de investigación periodística, Su Excelencia posee relojes de pulsera, modelos en venta desde 2020, cuyos precios en el mercado oscilan entre ocho mil y dieciocho mil dólares. Ella los habría exhibido en distintos eventos oficiales, pese a que éstos no fueron mencionados en su declaración jurada de bienes y rentas como funcionaria pública.

Ante los cuestionamientos, la Presidenta de la República alegó que los relojes eran “fruto de su trabajo”. Habiendo ella integrado la administración pública varios años, es consciente que los relojes de lujo superan el sueldo mensual promedio en el servicio civil. Habría un caso de “desbalance patrimonial”, que ha sido negado por el nuevo Presidente del Consejo de Ministros y varios integrantes del gabinete. La Ministra de Vivienda, Construcción y Saneamiento hizo el ridículo diciendo que ella misma compró una réplica de los relojes de esa marca en China. Mejor dicho, compró un reloj “pirata” en el país más violador a la propiedad intelectual en el mundo.

Ya el Fiscal de la Nación interino inició una investigación preliminar al respecto. Según el abogado Carlos Caro, si la Presidenta de la República compró “de primera mano” (casa comercial) los relojes, ha debido guardar el comprobante de pago para cuando hubiese una auditoría y debe declarar con qué dinero los compró. Si los relojes fueron un regalo, debe declarar quién se los regaló y en cuáles circunstancias. Este testimonio sería corroborado con la contraparte. Por último, si fue una compra “de segunda mano” (reventa), posiblemente, no habría comprobante de pago y aunque ella declarase cuál fue la fuente de dinero para la compra, sería más difícil probar un “desbalance patrimonial”. Parece que Su Excelencia se acogerá a su derecho de “guardar silencio”. Procesalmente, nadie está obligado a auto-inculparse.

El ex diputado y ex congresista Víctor Andrés García Belaunde (¡más malo que dolor de muelas!) añadió el componente político diciendo públicamente que, si se comprueba el “desbalance patrimonial”, el Congreso podría destituir a la Presidenta de la República por “incapacidad moral permanente”. ¿Ella podría caer por sus relojes de lujo?. No creo. Aunque lo nieguen o disimulen, los sectores “de derecha” sostienen políticamente a Su Excelencia. También las Fuerzas Armadas, el empresariado y los grandes medios de comunicación. A todos ellos no les conviene otra sucesión constitucional, que sería la quinta en seis años. Al menos, no por ahora.

En el Congreso necesitan aprobar las leyes necesarias para implementar la bicameralidad sancionada y recién debatir quién podría presidir un hipotético interinato, en el cual se convocaría inmediatamente a comicios. Por el momento, muchos posibles candidatos presidenciales no están preparados para ir a elecciones.

¿Qué sucederá con este escándalo político?. Quizá nada, pero el grueso de la ciudadanía está tomando nota para cuando -muy pronto- esté delante de las ánforas.

 

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Noviembre 1992 / noviembre 2020

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