Noticia impactante proveniente del putrefacto Congreso, cortesía del principal movimiento político “de derecha”: el fujimorismo.
La Subcomisión de Acusaciones Constitucionales aprobó por mayoría el informe que recomienda archivar la denuncia constitucional contra la Presidenta de la República en el “caso Rolex”: los relojes de lujo que Su Excelencia habría recibido del Presidente Regional de Ayacucho, a cambio de mayores transferencias presupuestales al Gobierno Regional de Ayacucho. El informe no se centra en el fondo del caso penal sino en la forma.
La Constitución de 1993 señala que quien ejerce la Presidencia de la República sólo puede ser acusado o acusada durante su mandato por ciertos delitos explícitos en el texto constitucional. De lo contrario, goza de la inmunidad presidencial. En 2022, durante el incompetente, corrompido e ideologizado gobierno de Pedro Castillo, la Fiscalía de la Nación interpretó el texto constitucional e indicó que no podía acusar para el enjuiciamiento en la Corte Suprema de Justicia, pero sí investigar. Una interpretación avalada por muchos juristas y aplaudida a rabiar por los sectores “de derecha”, incluido el fujimorismo. Sin embargo, hoy el fujimorismo regresó a la vieja interpretación de “para qué investigar si no podré acusar” y bajó el dedo a la denuncia.
Las evidencias muestran un serio caso de corrupción administrativa cometido por la Presidenta de la República, pero para el fujimorismo y algunos congresistas “de derecha” no importa. Paradójico: quienes han sido los principales incitadores a violar la Constitución de 1993 hoy se aferran a una literalidad exagerada del articulado. Incluso otras bancadas “de derecha” votaron en contra o se abstuvieron, pero el fujimorismo votó a favor. ¿Por qué?.
Su Excelencia se ha salvado, por ahora. A partir de 2026 su suerte cambiará. Quizá confíe que la Fiscalía de la Nación deberá presentar una nueva denuncia constitucional contra ella debiendo la Cámara de Diputados acusarla ante el Senado y el nuevo procedimiento de antejuicio podría demorar largos meses y hasta algunos años: suficiente tiempo para preparar una convincente defensa legal o, en el peor escenario, pedir asilo político en una embajada.
¿Qué gana (políticamente) el fujimorismo “blindando” a la Presidenta de la República?. Nada. Su Excelencia es ultra-repudiada y un enorme lastre para la venidera campaña electoral. Hasta sus coetáneos “de derecha”, soterradamente, lo admiten. Tal vez la respuesta es más simple: desde las elecciones generales de 2016 el fujimorismo perdió la perspectiva política de mediano o largo plazo. Se volvió cortoplacista. El fujimorismo ya sólo piensa en el hoy y el ahora.
¿En qué piensa el fujimorismo el hoy y el ahora?. Volverse el más anti-izquierdista en los sectores “de derecha” y vengarse de todos sus enemigos o supuestos enemigos políticos (para eso está el ex ministro del Interior y congresista Fernando Rospigliosi, convertido en un anciano con el alma avinagrada), porque quién sabe qué ocurrirá mañana.
Es el suicidio
político del fujimorismo.
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