La semana pasada vimos y oímos por los medios de comunicación y las redes sociales sobre un intento de golpe de estado en Bolivia.
El general Juan José Zúñiga, entonces comandante general del Ejército, al mando de algunos regimientos, viajó hacia La Paz y ocupó la emblemática Plaza Murillo, donde están el Palacio Quemado, la antigua sede gubernamental, y el palacio del extinto Congreso. En las imágenes veíamos a soldados fuertemente armados y vehículos blindados. Uno de éstos forzó la entrada del Palacio Quemado. Posteriormente, apareció Zúñiga, quien declaró ante los reporteros y corresponsables de noticias congregados en el lugar o los alrededores.
Zúñiga proclamó que el golpe era para “rescatar la democracia”. En concreto, pedía un nuevo gabinete ministerial, el arresto de Evo Morales (el facineroso autócrata que detentó el poder en Bolivia durante trece años hasta su renuncia forzada en 2019 y, como sea, quiere regresar) y la liberación de presos políticos como la ex presidenta Jeanine Áñez y el gobernador de Santa Cruz, Luis Fernando Camacho. No pidió en ningún momento la renuncia del presidente Luis Arce. Fuera de La Paz no hubo desplazamiento de tropas ni tanques de guerra. Tampoco hubo respaldo de la Armada y la Fuerza Área. Tras el careo entre Arce y Zúñiga en la entrada del Palacio Quemado, el militar golpista se retiró, no sin continuar declarando a los periodistas. Las tropas y los vehículos blindados regresaron a los cuarteles. En la noche, policías arrestaron a Zúñiga.
La historia de Bolivia desde 1825 está signada por los golpes de estado. Especialmente, entre 1964 con el golpe que derrocó al presidente Víctor Paz Estensoro (quien se asiló en Perú) hasta 1980, con el sangriento golpe del general Luis García Meza. No obstante, por palabras de Zúñiga, parece que el intento de golpe fue, realmente, para un “autogolpe”, el cual no sería inédito en la historia boliviana: en 1951 el presidente Mamerto Urriolagoitia, con respaldo militar, dio un golpe de estado para impedir el triunfo electoral de Paz Estensoro y el Movimiento Nacional Revolucionario (MNR), desencadenando la Revolución de 1952.
La intentona golpista boliviana no pasó desapercibida en Perú. Aquí muchos políticos, periodistas y especialistas castrenses están convencidos que los militares peruanos quedaron “escaldados” tras el golpe de estado del 05 de abril de 1992 y la dictadura de Alberto Fujimori, pero esa conclusión no sería del todo cierta. En verdad, la influencia militar en las decisiones del Poder Ejecutivo ha crecido desde el primer “pronunciamiento” del entonces alto mando militar a favor del nefasto gobierno de Martín Vizcarra cuando éste forzó la disolución de la Cámara y “se cargó” el Congreso el 30 de septiembre de 2019. A partir de ese tiempo, los “pronunciamientos” (violatorios a la Constitución de 1993) se produjeron uno tras otro hasta 2022.
Tampoco olvidemos que la acción militar (“inacción”, mejor dicho) fue fundamental para el fracaso de la intentona golpista del 07 de diciembre de 2022 y la caída del incompetente, corrompido e ideologizado gobierno de Pedro Castillo.
Creo en Perú no habrá intentonas golpistas como en Bolivia, porque los militares peruanos ya aprendieron que pueden influir políticamente sin necesidad de tropas o tanques de guerra en las calles: negándose a obedecer si lo creen conveniente, publicando “pronunciamientos” (contrarios al carácter no-deliberante de los uniformados) o visitando el Palacio de Gobierno para exigir una renuncia.
Parafraseando
al escritor Martín Adán, bienvenidos a la “nueva” normalidad.
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