La Presidenta de la República apareció en Mensaje a la Nación por TV la noche del domingo.
Ante la difícil coyuntura política, donde las turbas de izquierda radical no cesan de generar caos, bloquear calles o carreteras, destruir propiedad pública o privada y aterrorizar a la ciudadanía (especialmente, en departamentos del sur del país) para exigirle la renuncia, el cierre del Congreso, la convocatoria inmediata a elecciones generales y el inicio de un proceso constituyente, la Presidenta de la República ha pretendido retomar la iniciativa política.
De todas las exigencias de las violentas protestas callejeras, la única factible es el adelanto electoral, pero es competencia del Congreso. Ante la dificultad de los congresistas para acordar en la Cámara la celebración de comicios generales este año o el año siguiente, la Presidenta de la República “amenazó” con enviar al Congreso un proyecto de reforma constitucional para celebrar elecciones a fines de este año. Si los congresistas no pueden ponerse de acuerdo solos, ¿por qué cree ella que sí lo harían por su intermedio?.
La Presidenta de la República anunció también que enviaría al Congreso otro proyecto de reforma constitucional para zanjar de una buena vez por todas la “cantaleta constitucional”. Ha invocado aquella ley de 2001 aprobada por el Congreso entonces para realizar una reforma total a la Constitución de 1993 que, tras ser ratificada en referéndum, alumbrase una nueva Constitución.
En 2001, en aquellos años de la transición hacia la democracia, conscientes muchos políticos que la Constitución de 1993 carga el imborrable cuestionamiento a su “legitimidad de origen”, el entonces congresista Henry Pease lideró el esfuerzo de elaborar una nueva Constitución a través del Congreso y sin recurrir al poder constituyente. Presidiendo la Comisión de Constitución y Reglamento, durante casi tres años, Pease fue el artífice político de esa iniciativa basada en el “constitucionalismo histórico” peruano.
Al entonces congresista Jorge del Castillo correspondió liderar la elaboración del sensible “Título Económico” del nuevo texto pudiendo, increíblemente, reunir a gremios empresariales y centrales sindicales, como perro, gato y ratón, y ponerlos de acuerdo. Era el producto del “espíritu de la Transición”, el cual -desgraciadamente- no culminó. Nada de ese consenso existe hoy día.
La izquierda radical se opuso entonces al proyecto Pease y hoy ha manifestado su rechazo a la “constitucionalización” de aquella ley de 2001. Los “rojos” quieren el poder constituyente para hacer y deshacer en el país. El nuevo texto sería solamente la culminación de ese proceso. Al otro lado, los sectores “de derecha”, para quienes la Constitución de 1993 no es el pacto normativo entre la ciudadanía y el poder desde el retorno a la democracia en 2001 sino un “programa económico”, han pegado grito al cielo. Desde sus vocerías mediáticas han despotricado de la Presidenta de la República lo que han querido.
La Presidenta de la República no es tonta, pero sí inexperta políticamente. Debió ir más allá de donde la quieren llevar la izquierda radical y plantear el referéndum constituyente (si no queda otra alternativa para votar la reforma constitucional en materia comicial) con elecciones generales, pero en 2024. Así habría suficiente tiempo para pacificar el país, calmar las aguas en la política y, posiblemente, gane la opción NO. La izquierda radical sabe bien: nadie pide un referéndum para perderlo.
Mal
aprendizaje. Aprendizaje, al fin.
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