Derecha anti-constitucionalista ("ESPECIAL")

 

Así es, aunque me entristece reconocerlo.

Salvo excepciones, sectores “de derecha”, que se llenan la boca hablando de la Constitución de 1993, lo maravilloso que es ese texto y cómo lo defienden, cuando no sirve a sus intereses o choca con su visión ideológica, no tienen reparos en desconocerla.

Pongamos tres ejemplos actuales: primero, el Tribunal Constitución publicó su sentencia sobre la acción de inconstitucionalidad contra la enmienda legal de 2017 que prohibió a condenados por terrorismo postular a cargos de elección popular. Los magistrados señalaron que tal prohibición colisiona con los principios constitucionales de “resocialización del reo” y “reinserción en la comunidad” en la administración de justicia. Sin embargo, los sectores “de derecha”, con el diario Expreso a la cabeza, salieron a despotricar de los magistrados (mayoritariamente, “de derecha”) alegando que “han cedido al terrorismo” y “ofenden” la memoria de las víctimas del terrorismo en las décadas de 1980 y 1990.

En principio, concuerdo con esos sectores “de derecha”: la democracia no debe permitir el ingreso a quienes, manifiestamente, quieren destruirla. No hablo sólo de “terroristas” sino de quienes se proclamen marxistas-leninistas o marxistas-leninistas-maoístas. No obstante, si la Constitución de 1993, como norma fundamental de la nación, no lo permite, se debe estudiar una correcta reforma constitucional que lo permita, sin colisionar con el espíritu y la letra del texto. Despotricar de la justicia constitucional es “estúpido”.

A su vez, el Tribunal Constitucional falló por una causa de hábeas corpus iniciada en 2014 contra el muro perimétrico entre los distritos de La Molina y Villa María del Triunfo, en Lima, el cual había sido apodado por los medios de comunicación como el “muro de la vergüenza”. Los magistrados alegaron que el muro atenta contra el principio constitucional de “igualdad ante la ley”. Sin embargo, el nuevo Alcalde de La Molina (“de derecha”) está desafiante, ha dicho que NO acatará la sentencia y recurrirá a “instancias internacionales”.

Hay un mal ejemplo: el empresario Rafael López Aliaga se convirtió desde el primero de enero en el nuevo Alcalde de Lima. En campaña electoral, prometió (demagógicamente) anular los contratos de concesión vial en la capital. Juramentado, anunció que “renegociaría”. Sin embargo, en reciente evento oficial en San Juan de Lurigancho, anunció un proyecto de ordenanza para anular algunos contratos, porque -según él- no todos están “blindados”. Encima amenazó que, si algún regidor en el Concejo se opone, lo tildará de “cómplice de la corrupción”. No sé con quiénes habrá consultado López Aliaga (¡vaya abogados!), pero todos los contratos están blindados por la Constitución de 1993 como “contratos-leyes”, por más palabrería a la cual él pueda apelar.

Asimismo, López Aliaga se fue contra las empresas de distribución eléctrica y hasta alentó “marchas” contra éstas, porque -según él- hay demasiados limeños sin electricidad. Es una falsedad, porque en Lima la cobertura eléctrica es muy superior a la cobertura de agua y desagüe. Además, la Constitución de 1993 garantiza la inversión privada y la libertad de empresa.

Invocando a la politóloga argentina Antonella Marty, ahí están los sectores “de derecha” después de tanto patrioterismo, tanto “anti-izquierdismo”, tanta “batalla cultural”, tanta “defensa de la familia”, tanta obsesión con la sexualidad.

Ya no son constitucionalistas.