Hace rato que ciertos políticos hacen demagogia proponiendo la expulsión o la deportación de los inmigrantes venezolanos en Perú.
Por ejemplo, el ex mayor Antauro Humala, quien estuvo preso por la fallida asonada de Andahuaylas en 2005, pregona la necesidad de expulsar a todos los venezolanos. No interesa que puedan tener cinco, diez o hasta quince años residiendo en el país. No interesa que puedan tener negocios, trabajen y tributen. No interesa que sus hijos se críen en el país, que sus familias se hayan reunido acá o se unieran matrimonialmente con parejas peruanas. Por fortuna, tras la ilegalización de su movimiento político por la Corte Suprema de Justicia, la prédica xenófoba y racista de “Antaurito” sólo podrá servirle para obtener una senaduría en las elecciones generales del próximo año.
El último en apuntarse a esta retórica demagógica: el alcalde de Lima, Rafael López Aliaga, ha exigido públicamente a la Presidenta de la República que su repudiado Gobierno deporte a todos los criminales venezolanos -o supuestos criminales- hacia Venezuela. Hace rato sabemos que López Aliaga está desesperado por subir la intención de voto para su futura candidatura presidencial el siguiente año. Incluso un congresista suyo ha presentado en el impopular e “ilegítimo” Congreso una iniciativa legislativa para modificar la Ley de Migraciones de 2017 y cualquier extranjero pueda ser deportado si cometiese un delito en flagrancia.
Sin embargo, hay un pequeño problemita con las deportaciones. De acuerdo al Derecho internacional, debe existir cooperación entre el país que deporta y el país de los deportados para ejecutar un proceso de deportación. A causa del repudio al nauseabundo fraude electoral perpetrado en Venezuela el año pasado, la dictadura de Nicolás Maduro rompió relaciones diplomáticas con Perú, además de haber “suspendido” las relaciones consulares. Por eso no es posible ejecutar las órdenes de deportación que varios criminales venezolanos presos tienen pendiente.
Recientemente, en Argentina, el gobierno de Javier Milei intentó deportar criminales venezolanos en dos aviones que despegaron hacia Venezuela, pero Maduro también rompió relaciones diplomáticas con Argentina el año pasado y no aceptó las deportaciones. Los aviones debieron volver. En conferencia de prensa, el cínico Presidente del Consejo de Ministros admitió que -por ahora- no es posible deportar criminales venezolanos, porque Maduro no colabora y el Gobierno nacional buscará “formas creativas” de deportación. Excepto que piense en disparar a los deportados desde cañones circenses como “balas humanas” hacia Venezuela, no veo alternativa.
La demagogia xenofóbica se estrella contra la realidad. De acuerdo a los resultados de la II Encuesta Nacional de Población Venezolana (ENPOVE), elaborada y publicada por el Instituto Nacional de Estadística e Informática (INEI) en 2022, 73.9% de inmigrantes venezolanos sí pasó por control migratorio, 54.8% trabaja para enviar remesas a Venezuela, sólo 35.3% no tiene permiso migratorio para permanecer en el país, 82% tiene edad para incorporarse a la fuerza laboral en Perú, 64.4% trabaja como empleado u obrero y 55% en servicios, 80.6% vive en hogares constituidos por nacidos en Venezuela y 75.3% tiene intención de quedarse en Perú, aunque Maduro cayese y retornara la democracia en Venezuela.
Pese a que
le duela a “Antaurito” o López Aliaga, para bien y para mal, la gran mayoría de
la migración venezolana acabará asimilándose a la sociedad peruana.
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