Se cumplen tres meses desde la caída del gobierno de Pedro Castillo.
Tres meses desde el 07 de diciembre cuando ese inefable sujeto, sin personalidad, mañoso y embustero, quiso perpetrar un golpe de estado sin tener la fuerza política para impulsarlo y terminó escapando con su familia, como el cobarde que siempre fue, y hoy está preso por querer “cargarse” la democracia restaurada en 2001 en la misma cárcel que el ex dictador Alberto Fujimori.
Si comparamos todos los golpes de estado que hubo en el Perú desde 1822 hasta 1992, este intento golpista es “de opereta”: patético, vergonzoso, ridículo. Mejor dicho, lleva la impronta de su autor material. Para la posteridad quedará el célebre Mensaje a la Nación, la mañana del 07 de diciembre, donde se nos anunció la instalación de una nueva dictadura, la cual se deshizo más rápido que pompa de jabón. Pronto los instigadores de este golpe enfrentarán la justicia.
Sin embargo, para la izquierda radical no hubo ningún golpe. Castillo, el hombre con la boca torcida y al cual le temblaban las manos en televisión, es inocente. Sus alicaídos defensores alegan que fue un "mensaje" sin consecuencias concretas o que “sólo estaba cumpliendo la voluntad popular”, como si la “voluntad popular” (entendida como las turbas de izquierda radical) a favor de “cargarse” el Congreso, el Ministerio Público, el Poder Judicial, el Tribunal Constitucional, la Junta Nacional de Justicia y la Contraloría General de la República está por encima de las instituciones y el imperio de la ley.
Para esas turbas de izquierda radical que siguen protagonizando -ya en menor medida- conatos de revuelta o focos insurreccionales, Castillo fue la “victima” de un “golpe” perpetrado por el Congreso, el empresariado y los grandes medios de comunicación, en complicidad con el Ministerio Público y el Poder Judicial, porque esos “ricos, blanquiñosos y corruptos limeños” nunca aceptaron que un “campesino” ocupase la Presidencia de la República o que fuera a “recuperar” los recursos naturales, cobrar impuestos adeudados o rescindir contratos.
Sarta de mentiras y patrañas, pero con lógica conocida: la destitución presidencial por “incapacidad moral permanente” en el Congreso es “inconstitucional”, “ilegal”, “anti-democrática”, “golpista”, etc. ¿Cuándo oyeron antes todos esos argumentos?. En noviembre de 2020 cuando el Congreso aprobó mayoritariamente otra moción de destitución presidencial por “incapacidad moral permanente” y cayó el gobierno de Martín Vizcarra.
¿No dijeron entonces muchos periodistas, intelectuales y hasta artistas que había sido un “golpe”?. Por cierto, buena parte de ellos respiraron aliviados después del 07 de diciembre. “¡Golpe, golpe!”, “¡salgan a la calle!”, “¡marchen por la democracia!”, “¡Perú te quiero, por eso te defiendo!”, “¡Golpista, golpista, golpista!”. No es casualidad que todas esas arengas de 2020 las estemos oyendo desde el 07 de diciembre en dos situaciones políticas muy similares. Igual razonamiento, igual conclusión.
Por mi
parte, golpes de estado, aquellos del pasado. Hoy son “bufonadas”.
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