Un horrible crimen ocurrió en el Centro de Lima: un limpiador de parabrisas, venezolano, asesinó a un taxista peruano. Supuestamente, porque el segundo rehusó pagarle 50 céntimos al primero.
De inmediato comenzó la sobre-reacción política. El Alcalde de Surco emitió un decreto prohibiendo limpiadores de parabrisas en su municipio. Otros alcaldes capitalinos lo han imitado. Por supuesto, el Alcalde de Lima, “chulo arrogante”, representante de los sectores “de derecha”, anunció un proyecto de ordenanza para prohibir la misma actividad. Hasta el Presidente de la Corte Suprema de Justicia ha expresado apoyo público a prohibiciones así. ¡Por favor!. Como si el oficio de limpiador de parabrisas hubiera definido el carácter del asesino. El Ministro de Trabajo y Promoción del Empleo también lo comprende.
Creo esas prohibiciones acabarán en “letra muerta”. En 2003 el difunto congresista Henry Pease promovió una ley para prohibir la mendicidad infantil. Dígame usted si esa ley se ha podido cumplir. En esa misma línea de pensamiento, aseguro que no habría habido esa sobre-reacción si el caso no involucrara a un inmigrante venezolano. Inevitablemente, hay un elemento xenófobo y hace tiempo los inmigrantes venezolanos en el Perú lo perciben. Según un informe de la agencia de las Naciones Unidas para los refugiados (ACNUR) en 2019, 62% de venezolanos y venezolanas de entonces en Lima, Cusco, Arequipa, Tumbes y Tacna ya sentían discriminación por la nacionalidad. Una percepción influenciada desde el poder político.
En esa época el funesto gobierno de Martín Vizcarra empezó a adoptar acciones soterradamente xenofóbicas. ¿Recuerdan esa división policial criminalística anti-extranjera que creó?. Adicionalmente, la xenofobia también se convirtió en bandera para gobiernos regionales y locales. Por ejemplo, los entonces alcaldes de Huancayo y Pisco habían emprendido acciones contra el empleo de extranjeros y la libre circulación de extranjeros en sus municipios, respectivamente. Medidas inconstitucionales, por supuesto. Quien ese año ganó los laureles de la demagogia xenofóbica fue el Gobierno Regional del Cusco, el cual sancionó una inconstitucional e ilegal ordenanza para prohibir la contratación laboral de extranjeros. Sin embargo, como una cosa es el Derecho y otra son los hechos, supongo que, a base de mentiras, agitación e intimidación, los promotores de esta xenofobia “cusqueñista”, quienes -presumo- son todos de izquierda radical y les importa un pepino la Defensoría del Pueblo y el Tribunal Constitucional, consiguieron “botar” del departamento a los inmigrantes venezolanos.
Aunque la presencia de la poderosa y peligrosa banda criminal “El tren de Aragua” (el cual, por cierto, fue engendrada en Aragua, Venezuela, por Tareck El Aissami, hombre fuerte de la dictadura de Nicolás Maduro, que hoy habría caído en desgracia) está confirmada en el Perú, los medios de comunicación parecen hacernos creer que la criminalidad organizada está desbordada a causa de los “venecos” cuando no todos los criminales son venezolanos ni todos los venezolanos son criminales. Eso lo saben bien la Policía Nacional, el Ministerio Público y el Poder Judicial. Por desgracia, muchos connacionales no lo ven así y, posiblemente, aplaudirían acciones políticas para limitar, reducir o revertir la inmigración venezolana en el Perú.
Hasta el momento la inmigración venezolana en el Perú es la historia del fracaso de un país en asimilar a una comunidad extranjera, que podría haber colaborado mucho en la construcción de un “proyecto nacional”.
Por fortuna,
como sucedió antaño con los inmigrantes chinos y japoneses, el transcurrir del
tiempo ayudará a la “peruanización” de venezolanos y venezolanas.
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