Porky, out

 

El alcalde de Lima, Rafael López Aliaga, reapareció públicamente hace pocos días después de un silencio prolongado de dos semanas.

Sus voceros anunciaron un “mensaje a la ciudad”, pero López Aliaga nos habló del “escándalo Odebrecht” y su obsesión: “cargarse” la concesión vial del consorcio Rutas de Lima. Para salirse con la suya, al Alcalde de Lima no le ha importado violar la Constitución de 1993, desconocer un contrato-ley y rechazar una resolución arbitral. Después de vituperar insultos contra el consorcio, le formuló una “propuesta económica” para que entregue a la Municipalidad Metropolitana de Lima la administración de todos los peajes bajo su concesión.

Como un “chulo arrogante”, López Aliaga creía que, tras haber instruido a su procurador público que denuncie penalmente a los ejecutivos del consorcio, éstos irían corriendo al Palacio Metropolitano a someterse. La fantasía duró un suspiro. A López Aliaga lo convencieron -o se convenció a sí mismo- que el Gobierno nacional financiaría su “propuesta económica”, porque el erario municipal no alcanza, hasta que públicamente el Ministro de Economía y Finanzas lo desmintió. Hubiese sido una “inmoralidad” que todos los peruanos acabemos pagando el capricho de este demagogo.

Ahora López Aliaga quiere viajar hacia los Estados Unidos para hablar con los directivos de la Bolsa de Valores de Nueva York (¿?), en la cual cotiza la empresa constructora canadiense Brookfield, accionista mayoritaria del consorcio Rutas de Lima, y presentar demandas ante tribunales estadounidenses para que anulen el contrato de concesión vial. En realidad, haría el ridículo. Ningún juez estadounidense considerará sus alegatos. Para la justicia civil de los Estados Unidos, vale principalmente el cumplimiento o no de los contratos.

Ciertos personajes oscuros han pregonado que López Aliaga debió “apoderarse” de las garitas de peaje de la concesión vial el 29 de julio, como un vulgar asaltante. Tal vez sus asesores legales le advirtieron que Rutas de Lima podría acudir al CIADI, el tribunal arbitral del Banco Mundial, y éste le daría la razón. El año pasado el CIADI falló a favor del consorcio y contra Perú, porque un “bochinche” callejero en 2017, alentado por el entonces Alcalde de Puente Piedra, impidió la instalación de más garitas de peaje señaladas en el contrato y la Municipalidad Metropolitana de Lima no lo hizo cumplir por “motivos políticos”.

Quien escribe defendió siempre el derecho de López Aliaga a participar en política y ganar comicios. Por esa razón no soporto al “farsante” en el cual se ha convertido. Como un infantiloide, al Alcalde de Lima no le interesa la “lucha anticorrupción” (¡allá quienes aún le creen!) sino salirse con la suya y hace “pataleta” si no lo consigue. López Aliaga, ¿dónde están las motocicletas prometidas para el patrullaje del Serenazgo?, ¿dónde está el 10% del presupuesto municipal prometido al programa de Ollas Comunes?.

Me reconforta que este demagogo no haya estado ni cerca de alcanzar la Presidencia de la República. Esperaré el día que se vaya y no lo vea más.