Parece un sueño, pero en la década de 1980 el Perú tuvo un sistema multipartidista sólido.
El APRA, el Partido Popular Cristiano, Acción Popular y la Izquierda Unida llegaron a concentrar el 90% del electorado de entonces. Las cuatro organizaciones políticas no se dividían ese porcentaje en partes iguales, pero dominaron la democracia bajo la Constitución de 1979 ganando escaños en el Congreso bicameral, las alcaldías y regidurías y, posteriormente, las asambleas regionales. Sin desearlo y, creo, sin valorarlo (excepto para el periodista Álvaro Rojas Samanez o el escritor Pedro Planas), el Perú tuvo una fuerte estabilidad política. La violencia terrorista, el desastre económico y la descomposición institucional carcomieron el sistema multipartidista hasta el golpe de estado del 05 de abril de 1992.
Con la transición hacia la democracia en los años 2000 y 2001 surgió un precario sistema multipartidista, con organizaciones políticas sobrevivientes a la dictadura de Alberto Fujimori y su prédica anti-política y otras surgidas durante esos años. Sin embargo, la anti-política, aparecida en el Perú a fines de la década de 1980, que pregona una acción política “prístina”, sin partidos políticos, nunca desapareció del todo y alimentó con el transcurrir del tiempo el surgimiento de más organizaciones políticas, pero sin doctrina, militancia o escuela. Organizaciones “caudillistas”, sin idearios o programas, donde sólo impera la voluntad de un caudillo y las ambiciones de su círculo cercano. En cierta medida, era el regreso a los “clubes electorales” vigentes durante 1895 y 1919, los años de la “República Aristocrática”.
Aunque hubo quienes, como el politólogo Carlos Meléndez, creyeron ver una “estabilidad a la peruana”, porque el crecimiento económico y el desarrollo humano ocultaban las falencias institucionales y la precariedad partidaria, tarde o temprano tantos “clubes electorales” terminarían por casi derrumbar el sistema multipartidista. Según datos del Jurado Nacional de Elecciones, pronto habrá veinticinco organizaciones políticas y el número puede crecer. No estamos considerando los “movimientos regionales” formados para participar solamente en las elecciones municipales y regionales. Ninguna democracia puede subsistir con demasiadas organizaciones políticas sin caer en el caos y la inestabilidad. Pese a que no todas éstas superarían el 5% de votos válidos en todo el país para obtener escaños en el Congreso unicameral y acceder al financiamiento público, ocasiona la proliferación de cientos o miles de candidaturas.
La Ley de Partidos Políticos de 2003 y las sucesivas reformas en 2015, 2017 y 2019 no sirvieron para mejorar el sistema. La existencia de tantas organizaciones políticas como hongos en la naturaleza no desaparecerá con la implementación de la invención política argentina conocida como “primarias abiertas, simultaneas y obligatorias”, sino con una nueva normativa que aliente la formación de nuevas organizaciones políticas capaces de captar votantes para “oxigenar” el sistema, pero las castigue si fueron incapaces de conseguir los votos para permanecer en el Congreso o los gobiernos regionales y locales. Así desaparecerían los incentivos para formar más organizaciones políticas y, con los años, el número de éstas iría decreciendo y quienes queden se fortalecerían.
Si en el
Perú pudiera haber, por ejemplo, siete organizaciones políticas, podríamos
darnos por bien servidos.
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