Otra vez la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) genera polémica en el Perú.
La CIDH presentó su informe sobre las violentas protestas callejeras contra la Presidenta de la República y su Gobierno entre diciembre del año pasado y febrero de este año. Pese a lo que creen en sectores “de derecha”, el informe no es tan sesgado ideológicamente como se esperaba, pero el sesgo es tan notorio que deja sin piso a sus defensores.
¿Qué dijo el informe?. El diario Perú21 hizo un buen desglose en una clásica división: bueno, malo y feo. Lo bueno: reconoce que el 07 de diciembre el incompetente, corrompido e ideologizado gobierno de Pedro Castillo intentó un golpe de estado cuando anunció el cierre del Congreso, la intervención del Ministerio Público y el Poder Judicial, la desactivación del Tribunal Constitucional y la Junta Nacional de Justicia, la celebración de elecciones constituyentes y una requisa de armas de fuego. Como señala el ex congresista Richard Arce, este informe de la CIDH deja “sin piso” los discursos mentirosos del presidente mexicano Andrés Manuel López Obrador, el presidente colombiano Gustavo Petro o la presidenta hondureña Xiomara Castro, quienes hasta hoy insisten en “victimizar” al golpista destituido, preso en la cárcel de Barbadillo.
Lo malo del informe: el documento menciona “graves violaciones a los derechos humanos”, “ejecuciones extrajudiciales” y hasta “masacres” en Ayacucho y Puno por las Fuerzas Armadas y la Policía Nacional bajo el Estado de Emergencia. El informe no dice nada de las turbas de izquierda radical bloqueando carreteras, destruyendo propiedad pública y privada, cometiendo saqueos e intentando asaltar infraestructura crítica como aeropuertos. Dedica varias páginas a las “víctimas” en aquellos “conatos de revuelta” y “focos insurreccionales” durante esos tres meses y, apenas, algunos párrafos a militares o policías heridos o fallecidos.
El informe hace eco del “rollo racial” de la izquierda radical alegando un “componente racista” en la represión contra los violentos manifestantes “campesinos” e “indígenas” que protestaban contra la Presidenta de la República y su Gobierno, restando seriedad al documento. No obstante, reconoce que hay disposición de procuradores, fiscales y jueces a investigar y juzgar a quienes sean hallados individualmente responsables por muertes o lesiones graves.
Lo feo: como si quisieran justificar las violentas protestas, el informe dice falsamente que el Perú tiene un sistema económico “primordialmente extractivista cuyas regalías no han contribuido a reducir significativamente la desigualdad ni han traído desarrollo a las regiones donde predominan los pueblos indígenas”. ¿A quiénes pidieron opinión la CIDH?, ¿al ingeniero Humberto Campodónico o al antropólogo Carlos Monge, quienes saben tanto de economía como quien les escribe sabe de astrofísica?. El informe da la razón a la izquierda radical y dice que sí debe activarse un proceso constituyente involucrándose la CIDH en asuntos internos del Perú.
Ese informe
es una vergüenza (más) de la CIDH.
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