De acuerdo con la Superintendencia Nacional de Migraciones, desde el 02 de julio los venezolanos que ingresen a Perú deberán tener pasaporte vigente y visa.
Los venezolanos en Venezuela deberán acudir a la embajada peruana en Caracas (reabierta en 2021 por el incompetente, corrompido e ideologizado gobierno de Pedro Castillo) para tramitar ante la oficina consular la visa correspondiente si quieren visitar o emigrar a Perú. Por supuesto, deberán pagar la respectiva tasa y cumplir los requisitos exigidos. Entre éstos, presentar pasaportes vigentes. Ya no habrá excepción para niños y adolescentes, personas con enfermedades graves, adultos mayores o mujeres embarazadas, como hasta ahora.
Esta decisión ha sido aplaudida por la mayor parte de la opinión pública. Oí al periodista César Hildebrandt alabarla diciendo que debió haber sido instaurada desde el inicio. Si hubiese sido así, habríamos tenido una inmigración de venezolanos “más ordenada”. Es evidente que la medida es para reducir el flujo migratorio hacia Perú, donde hay casi un millón quinientos mil inmigrantes venezolanos. No es sencillo tramitar un pasaporte en Venezuela, sin mencionar que las tasas a pagar oscilan entre 200 a 300 dólares de los Estados Unidos. En Venezuela el salario promedio mensual equivale a 4 dólares. En Perú equivale a casi trescientos.
El flujo migratorio regular disminuirá, pero el “irregular” a través de los pasos fronterizos con Ecuador o Chile aumentará. No me sorprende que pueda ser así. Sin embargo, quienes aplauden esta decisión del Gobierno nacional no están considerando un factor político crucial: las elecciones presidenciales convocadas por la dictadura de Nicolás Maduro para el 28 de julio.
Según casi todas las encuestas de intención de voto en Venezuela, si hubiera comicios libres, el diplomático Edmundo González Urrutia, candidato unitario de la oposición, apadrinado por la ex diputada y lideresa opositora María Corina Machado, ganaría con cifras entre 50 a 70% de votos frente a Maduro, el cual no superaría el 15%. Por supuesto, la dictadura venezolana no se caracteriza por celebrar elecciones libres.
Distintos analistas internacionales coinciden que “Súper Bigote” (como Maduro gusta autodenominarse) no entregará el poder bajo ninguna circunstancia. Esperan que suspenda los comicios (con cualquier pretexto) o “se los robe”. También señalan que, si la dictadura consigue atornillarse mayor tiempo en el poder, alrededor de 20% de la población venezolana querrá salir del país. Una nueva oleada migratoria, cuyos destinos principales serían Colombia, Brasil y Perú. En ese contexto, definitivamente, la inmigración irregular hacia acá se disparará.
Posiblemente, pronto el problema migratorio nos estalle en el rostro.
Nota aparte: ¿el Alcalde de Lima está “mal de la cabeza”?,
¿macetas con plantas y pintado de viviendas?, ¿la belleza “espanta” a la
delincuencia?. Si fuese así, es deber de los regidores metropolitanos destituir
a este “enfermo”, en vez de esperar la recolección de firmas para activar la
consulta popular de revocatoria.
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