“Porkismo” suspendido ("ESPECIAL")

 

A causa de otras noticias judiciales, una noticia importante pasó desapercibida: el Poder Judicial falló en contra de la Municipalidad Metropolitana de Lima por el proyecto Vía Expresa Sur.

Amparado en sendas ordenanzas municipales, la comuna capitalina ha estado los últimos meses demoliendo viviendas, edificios, locales comerciales y hasta parques público para la construcción de la futura Vía Expresa Sur, con el eufemismo de la “recuperación de terrenos municipales”.

Un conjunto de vecinos del asentamiento humano Luis Felipe de las Casas en San Juan de Miraflores presentó una acción de amparo y obtuvo del Poder Judicial una medida cautelar para suspender la demolición total o parcial de predios como medida provisional hasta que culmine el proceso administrativo sancionador que prevé la “recuperación de terrenos municipales”. La medida cautelar beneficia a los vecinos de esa jurisdicción “hasta que se culmine con el procedimiento administrativo sancionador...”.

Fundamentalmente, el juez constitucional consideró que la Municipalidad Metropolitana de Lima ha hecho mal demoliendo predios, supuestamente invadidos, antes de sancionar administrativamente a los supuestos invasores. Si las ordenanzas “permiten la demolición total o parcial, como una medida de carácter provisional, para la recuperación de posesión de áreas de uso público...”, estaríamos hablando de bienes de utilidad menor como muros, postes, jardines indebidamente poseídos o lotes baldíos. La demolición total o parcial de viviendas o locales comerciales no es “racional” y viola la Constitución de 1993, porque no puede ser considerada una “medida provisional” (es permanente) y atenta contra los derechos humanos básicos de quienes han ocupado durante mucho tiempo esos predios.

El Poder Judicial no ha dicho que los referidos predios no puedan ser demolidos por la Municipalidad Metropolitana de Lima, pero le exige culminar primero el proceso administrativo sancionador permitiendo a los supuestos invasores de terrenos municipales (varios de los cuales alegan tener títulos de propiedad) defenderse. La comuna capitalina ha considerado a todos los ocupantes de todos los predios por donde, supuestamente, se construirá el proyecto Vía Expresa Sur como infractores legales, casi delincuentes, desalojándolos presurosamente, multándolos y, encima, destruyendo sus posesiones materiales y arruinando sus vidas. Los beneficiarios de la medida cautelar han asegurado ante los medios de comunicación que solicitarán la extensión de ésta a más vecinos.

Hasta el cierre de este artículo de opinión, el alcalde de Lima, Rafael López Aliaga, el autodenominado Porky, no ha dicho una palabra al respecto. Quizá prefiere opinar sobre una polémica obra teatral “censurada” por el Ministerio de Cultura y la Iglesia Católica, pero no sobre el fallo judicial. Un funcionario municipal “porkista” sí opinó: tildó de “locos” a quienes presentaron la acción de amparo, diciendo que se guían por el trazado del extinto proyecto de concesión vial para Vía Expresa Sur y que la Municipalidad Metropolitana de Lima “nunca” ha considerado que el trazado del nuevo proyecto pase por esos terrenos. Por tanto, el fallo judicial no afectaría las demoliciones. Como aún no hay expediente técnico para la obra pública, López Aliaga y sus subordinados pueden cambiar el trazado del proyecto como deseen.

Como dije en una anterior edición, el “porkismo” es mercantilismo asqueroso, estatismo glotón y autoritarismo rampante. Por fortuna, todavía tenemos instituciones e imperio de la ley para hacerle frente.