Según trascendidos periodísticos, el Ministro de Energía y Minas habría solicitado al Presidente del Consejo de Ministros y al Ministro de Economía y Finanzas un tercer rescate financiero para la petrolera estatal PETROPERU.
Hablamos de 1,150 millones de dólares como capital, a parte de un crédito garantizado por 650 millones de dólares. A su vez, el Ministro de Energía y Minas (quien también integra el directorio) ha pedido que los 750 millones de dólares que PETROPERU recibió en 2022 por el incompetente, corrompido e ideologizado gobierno de Pedro Castillo como un rescate financiero sean "capitalizados". Mejor dicho, que la deuda sea asumida por el erario público. Desde 2021 PETROPERU se estaría devorando más cuatro mil millones de dólares.
PETROPERU está virtualmente quebrada: sus pasivos son mayores que sus activos. No puede obtener financiamiento privado, porque hace tiempo las agencias calificadoras de riesgo declararon como "basura" los bonos emitidos por PETROPERU. El gobierno corporativo de la petrolera estatal se ha deteriorado seriamente en los últimos años y se habían suprimido las auditorías internas. Hasta el intento golpista 07 de diciembre de 2022 existió la intención de “saquear” PETROPERU. ¿Recuerdan a Hugo Chávez Arévalo, ese personaje a quien Castillo colocó en la petrolera estatal para “hacer negocios”?.
El Presidente del Consejo de Ministros dijo en noviembre pasado que no habría más dinero para PETROPERU. Tal vez se ha arrepentido de sus palabras y hoy sí está considerando otro rescate. Quizá por eso habría renunciado el Viceministro de Hacienda. Por más entusiasmo que despierte entre los sectores “de izquierda” la ilusión que PETROPERU vuelva a actividades de exploración y explotación de hidrocarburos, la realidad es que NO HAY DINERO. Rubros como educación, salud o seguridad tienen mayor prioridad que la petrolera estatal.
No existe en el horizonte político, tanto en el Gobierno nacional como el Congreso, la posibilidad de liquidar PETROPERU y vender sus únicos activos rentables: la refinería de Talara y el Oleoducto Norperuano. Aunque critiquen las empresas estatales de ayer y hoy, desde las violentas protestas callejeras de 2002 en Arequipa los sectores “de derecha” han eliminado de sus vocabularios la palabra “privatización”. Para los sectores “de izquierda”, PETROPERU es el gran símbolo de la Revolución de las Fuerzas Armadas en la década de 1970 y el gran legado de la dictadura del general Juan Velasco Alvarado. Para ellos capitalizar PETROPERU a través de la venta parcial del accionariado en la Bolsa de Valores de Lima es casi un escarnio a la “dignidad nacional”. La liquidación de la petrolera estatal equivaldría a “retroceder el tiempo”.
Sin
embargo, PETROPERU no puede continuar como hasta ahora. Es una (inmoral)
sangría de recursos público cuando la caja fiscal está más presionada que
nunca. No debemos pagar todos nosotros con nuestros impuestos la
irresponsabilidad, los delirios ideológicos o la angurria de los políticos con
PETROPERU desde el retorno a la democracia en 2001.
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