Ministro demagogo

 

Parece que al Ministro de Educación le gusta la polémica.

Respecto a la actual problemática de la seguridad, el Ministro de Educación aprovechó sus declaraciones para calificar de “adefesio” a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. Por supuesto, los sectores “de izquierda”, que le tienen ganas de “cargárselo” hace rato, pusieron grito al cielo. Él puede pensar lo que desee en su interior, pero cualquier funcionario público debiera ser cuidado con sus palabras. Ya el Presidente del Consejo de Ministros lo ha desautorizado. Esas declaraciones ayudan poco o nada a la Presidenta de la República.

Sin embargo, el Ministro de Educación, quien tiene simpatías en los sectores “de derecha”, también hizo la habitual demagogia ramplona con el tema de la “pena de muerte” como “solución inmediata” contra la delincuencia. Acá no entraré en el debate a favor o en contra de la pena de muerte ni en el hecho que el hombre no es abogado y es libre de expresar una opinión al respecto, pero sí considero inaceptable que un integrante del Gobierno nacional “engañe” a la ciudadanía, porque el restablecimiento de la pena de muerte en el Perú NO es una “solución inmediata” a la inseguridad existente en el país.

Lo he explicado varias veces, pero una más no importa. Para restablecer la pena de muerte (mejor dicho, ampliarla, porque existe por traición a la patria en guerra externa), el Perú debe denunciar la Convención Americana sobre Derechos Humanos de 1969, también conocida como el “Pacto de San José”, base del sistema interamericano de Derechos Humanos. Salirse de éste demoraría dos o tres años. Mientras no se concrete la salida, cualquier condena a muerte sería invalidada por la Corte Interamericana de Derechos Humanos.

Además, se requiere una reforma a la Constitución de 1993, la cual demoraría un año. Posteriormente, el Congreso debería debatir reformas al Código Penal de 1991, el Código Procesal Penal de 2004 y el Código de Ejecución Penal de 1991 para regular la graduación delictiva sujeta a pena capital, el proceso penal en los casos que involucre pena capital y cómo se ejecutaría la pena capital. Un debate que podría demorar entre uno o dos años. A su vez, calculando los tiempos del Ministerio Público y el Poder Judicial en etapas de investigación, acusación, juicio oral, sentencia, apelación o nulidad y ratificación, probablemente, veríamos el primer condenado a pena de muerte entre cinco a siete años después. Por supuesto, el condenado podría solicitar la conmutación de su pena.

Ajuste su reloj, revise su calendario y saque la cuenta: serían como ¡diez años! contados desde ahora. Mientras tanto, ¿qué?. El Ministro de Educación no lo dijo, como tampoco lo dicen quienes desde los medios de comunicación (como el abogado Aldo Mariátegui, a quien considero un “cretino”) hablan siempre alegremente de “restablecer la pena de muerte”. ¡Patota de tanáticos!, diría un psicoanalista.

Detesto cuando los políticos nos creen tontos y cuando hombres y mujeres de prensa (a veces siendo comparsas de los políticos) también nos creen tontos.