Asco “de derecha” ("ESPECIAL")

 

Los sectores “de derecha” continúan viviendo en un Perú que no existe.

En la Comisión de Constitución y Reglamento del putrefacto Congreso se aprobó el dictamen de reforma a la Constitución de 1993 para restablecer la “inmunidad parlamentaria” absoluta. Hasta la reforma constitucional de 2021 los parlamentarios tenían “inmunidad de arresto” e “inmunidad de proceso”: si cometían delitos comunes antes o durante la función legislativa, se requería que el Congreso les levantase la inmunidad para ser arrestados o juzgados.

Desde el retorno a la democracia en 2001 ha sido constante la presencia de parlamentarios con sentencias judiciales o procesos penales abiertos. Generalmente, han sido alcaldes, regidores, presidentes regionales o consejeros regionales. A partir de 2016 el número de estos impresentables se disparó. En 2021 el Congreso extraordinario, previo informe de la Comisión Tuesta dos años antes, aprobó la reforma constitucional, por el cual delitos comunes antes de la función legislativa son juzgados por jueces penales ordinarios, delitos comunes durante la función legislativa son juzgados por la Corte Suprema de Justicia (sin autorización parlamentaria) y los delitos de función siguen con todo el privilegio. Los sectores “de derecha” en el Congreso, junto a facciones de izquierda radical interesadas en la impunidad, desean que los futuros senadores y diputados gocen de todo el privilegio de la inmunidad parlamentaria, como en la Constitución de 1979.

De todos los implicados, el congresista Fernando Rospigliosi es quien mejor sintetiza el por qué este dictamen: hay que borrar todo lo que huela a “progre” y la reforma de 2021 huele a “progre”. Desde ahora aseguro que el siguiente Congreso, con el Senado y la Cámara de Diputados instalados, no terminará el mandato quinquenal. Será cerrado en menos de dos años.

De otro lado, los medios de comunicación denunciaron que un grupo de turistas extranjeros llegados a Iquitos, quienes recorrían en lancha el río Amazonas, fueron asaltados por piratas fluviales armados. Los malhechores despojaron a los turistas de todo su dinero. La noticia se conoció, porque una influencer española, quien viajaba en la embarcación, lo denunció. También denunció la ineptitud de la Policía Nacional. La joven recomendó no viajar a Perú. Especialmente, al departamento de Loreto. Esa recomendación encontrará eco en las redes sociales Facebook, X (otrora Twitter), Instagram y TikTok.

Sin embargo, para alguien como el abogado Aldo Mariátegui, conocido vocero de los sectores “de derecha” peruanos, no interesa que la criminalidad organizada o la delincuencia común afecten el turismo (ni una sola vez ha escrito algo al respecto en sus columnas de opinión) sino que PROMPERU no haya designado todos los jefes de las oficinas comerciales en el extranjero.

Por último, la concesionaria vial Rutas de Lima sigue hostigada por la Municipalidad Metropolitana de Lima. Ahora se le impone una multa de doce millones de soles, violando el contrato de concesión y la Constitución de 1993, por haber ofrecido carriles exclusivos en las garitas de peaje para pago electrónico. No obstante, el alcalde de Lima, el lenguaraz Rafael López Aliaga, futuro candidato presidencial y senatorial “de derecha”, posa de “decente”, mientras el hotel cusqueño en el Santuario de Machu Picchu, del cual él es accionista mayoritario, recurrió al Poder Judicial para extender dos años más su contrato de concesión que debía haber finalizado.

Sigan así sectores “de derecha”, sigan así. Después no lloren cuando empiecen a cosechar todo lo que han sembrado.