Finalmente, el Congreso votó el proyecto de reforma a la Constitución de 1993 para restablecer la bicameralidad, como existió hasta el 05 de abril de 1992.
Con 71 votos a favor, 45 en contra y 6 abstenciones, la Cámara aprobó el dictamen que establece un Senado con sesenta integrantes y una Cámara de Diputados con ciento treinta. Ambas cámaras con atribuciones bastantes definidas (bicameralismo imperfecto), sin mayor desembolso presupuestario. Sin embargo, como no hubo votación calificada en la Cámara, la reforma deberá ser ratificada en referéndum.
La Presidenta de la Comisión de Constitución y Reglamento pidió una reconsideración de la votación, pero ésta sería votada a partir de agosto. Pese a algunos discursos, la oposición “de derecha” y parte de la “centrista” que apoyaron el dictamen no quieren someterlo a referéndum. Creen, no sin razón, que podría ser rechazado.
En el Referéndum de 2018 la ciudadanía fue consultada por la bicameralidad. Así fue la pregunta dentro de la cédula de sufragio, no si aprobaba o no un proyecto de reforma constitucional con tal o cual detalle. Abrumadoramente, ganó el NO. La disyuntiva unicameralidad-bicameralidad JAMAS debió ser sometida a consulta popular, porque es un tema tan técnico que la ciudadanía no votaría pensando jurídicamente sino a raíz del ánimo político del momento. No obstante, la única forma de enmendar una decisión política en materia constitucional votada en un referéndum es mediante otro referéndum o un proceso constituyente.
A su vez, esta reforma es inoportuna. Al defender la Constitución de 1993 como si fuese un “plan de gobierno” o una “cartilla ideológica”, sectores “de derecha” no captan que la legitimidad de ejercicio que el texto constitucional obtuvo desde el retorno a la democracia en 2001 está desapareciendo. El “pacto social” que representa se está quebrando. El discurso de “lucha de clases” que apelan facciones de izquierda radical está calando en bastante ciudadanía y se ha plasmado en la Constitución de 1993 defendida por “ricos”, “corruptos” y “explotadores”. Quizá este fenómeno no sea tan visible en Lima como sí en el resto del país. Los altos porcentajes de desaprobación del “hombre sin sombrero” que ocupa la Presidencia de la República en sondeos demoscópicos no significan respaldo mayoritario a la Constitución de 1993.
Ante la amenaza del referéndum constituyente que aún alientan el “hombre sin sombrero” y su incompetente, corrupto e ideologizado Gobierno, la oposición “de derecha” y “centrista” en el Congreso debió responder con un paquete de reformas constitucionales (donde figurase la bicameralidad y la reelección parlamentaria inmediata) sobre el voto facultativo, la inmunidad presidencial, la cuestión de confianza, los organismos electorales, la descentralización, etc., con recorte del mandato presidencial y parlamentario, para después someterlo a referéndum como un todo. Así la Constitución de 1993 se hubiese relegitimado.
Es tarde.
El “hombre sin sombrero” caerá, pero arrastrará con él la Constitución de 1993.
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