Entre las reformas a la Constitución de 1993 sometidas a ratificación en el Referéndum de 2018 fue la creación de la Junta Nacional de Justicia.
La Junta Nacional de Justicia fue creada para reemplazar al extinto Consejo Nacional de la Magistratura, envuelto en el descrédito absoluto a consecuencia de un escándalo de corrupción judicial. Como su antecesor, las atribuciones de la Junta son el nombramiento, la ratificación, la suspensión y la destitución de fiscales y jueces, además de nombrar o remover a los jefes de la Oficina Nacional de Procesos Electorales y el Registro Nacional de Identificación y Estado Civil.
En los resultados del Referéndum de 2018, 86.56% votó a favor de la Junta Nacional de Justicia y 12.09% votó en contra. Quien escribe está dentro del voto contrario. No me gusta el diseño de la Junta: parece un cenáculo de abogados eligiendo abogados que elegirán a otros abogados, pensado para que ciertas elites izquierdosas influyan en el nombramiento, la ratificación, la suspensión o la destitución de fiscales o jueces: la soberbia y ensimismada “progresía” limeña.
Fue la “progresía” limeña quien alentó que en 2018 el nefasto gobierno de Martín Vizcarra “se cargase” el Consejo Nacional de la Magistratura (recuerdo a la abogada Rosa María Palacios pregonando no quede ni el conserje del edificio donde funcionaba), porque desde el retorno a la democracia en 2001 anhelaba influir en la futura actuación de fiscales o jueces. A partir de entonces, por ejemplo, nacieron las ácidas críticas de la poderosa ONG Instituto de Defensa Legal hacia el Consejo. La Junta Nacional de Justicia fue el “sueño húmedo” de la “progresía” limeña y así se reflejó en la conformación de los primeros integrantes en 2019.
Tras haberse producido la primera renovación por vencimiento de mandato, a la “progresía” limeña ya no le gusta la Junta. En la reforma constitución de 2018 se otorgó protagonismo al Defensor del Pueblo como una “figura imparcial” entre el Fiscal de la Nación, el Presidente de la Corte Suprema de Justicia y el Presidente del Tribunal Constitucional en la comisión seleccionadora para la Junta, porque quien ocupaba ese puesto entonces sí lo era. Hoy lo ocupa un personaje que nada tiene de “imparcial”: sirve a una facción de la izquierda radical aliada a los sectores “de derecha”. Al margen de cuestionamientos éticos a ciertos nuevos integrantes y algunas “sombras” en el proceso de selección, la Junta ha sido renovada conforme a la Constitución de 1993.
¿La nueva Junta será mejor que la anterior?. No creo. Cuando una institución está mal diseñada (por intereses políticos o particulares, una visión política cortoplacista, etc.), el correcto funcionamiento de ésta dependerá demasiado de la conducta de quienes la dirijan. Si actúan correctamente, la institución funcionará relativamente bien. Si no, funcionará mal.
Los
sectores “de derecha” no canten victoria. Por cómo está empezando a soplar el
viento político en el país, auguro que la Junta Nacional de Justicia desaparecerá
en menos de cinco años.
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