¿Recuerda el Referéndum de 2018?. Fueron las cuatro reformas a la Constitución de 1993 aprobadas entonces por el Congreso para la ratificación en las ánforas.
Las cuatro reformas constitucionales fueron promovidas por el nefasto gobierno de Martín Vizcarra, que generaba crisis política para después aprovecharse políticamente de éstas. Cada reforma tuvo su respectiva pregunta en la cédula de sufragio. La primera pregunta fue sobre la creación de la Junta Nacional de Justicia, que reemplazaría al cuestionadísimo Consejo Nacional de la Magistratura en las funciones de nombrar, ascender, sancionar o remover fiscales y jueces. La segunda pregunta fue sobre la regulación al financiamiento de partidos y movimientos políticos. Especialmente, la prohibición de publicidad electoral en televisión, radio o prensa escrita. La tercera pregunta era sobre la prohibición de reelección parlamentaria inmediata y la cuarta era sobre la bicameralidad del Congreso
Como en tantos procesos de consulta popular en América Latina, el convocante es el gran elector. El “psicópata” que nos desgobernó durante treinta meses alentó el voto por las opciones SI, SI, SI y NO. Quien escribe votó al revés: NO, NO, NO y SI, como lo hizo la minoría entre las minorías. Perdí. Por tanto, nunca estuve de acuerdo con la creación de la Junta Nacional de Justicia, a la cual considero un “mostrenco” lleno de abogados, que -encima- hereda de su antecesor la potestad de nombrar los jefes de la Oficina Nacional de Procesos Electorales y el Registro Nacional de Identificación y Estado Civil. Sin embargo, la opción SI obtuvo 86.56% de votos válidos frente a la opción NO, que logró sólo 13.44%.
Por eso considero inaceptable que, una vez más, el Congreso “ilegitimado”, porque se habría puesto al margen de la Constitución de 1993 cuando aprobó esa inmoral y malísima reforma para restablecer la bicameralidad y cuyas decisiones serían “espurias”, pretenda “cargarse” la voluntad popular libremente expresada en las ánforas. La Comisión de Constitución y Reglamento prepara una reforma constitucional para eliminar la Junta (también la Academia de la Magistratura) y sustituirla por una “Escuela Nacional de la Magistratura”, que tendría una conformación diferente.
No defiendo la Junta Nacional de Justicia, porque me guste. Al contrario, no me gusta y, creo, necesita una reforma a su composición y sus atribuciones. Como liberal defiendo la democracia, las instituciones y el imperio de la ley. Tampoco defiendo a sus integrantes, dos de los cuales fueron (bien) removidos por el Congreso y, mediante una medida cautelar otorgada por el Poder Judicial (gracias a un influyente abogado defensor), fueron reinstalados. ¿Qué sucederá con las resoluciones de la Junta si la acción de amparo que permitió el regreso de los dos integrantes es desestimada en última instancia judicial?. La descomposición institucional es a dos bandas.
Aunque muchos congresistas digan lo contrario, el Congreso “ilegítimo” no está construyendo sino destruyendo: desde la ley que permite a estudiantes desaprobados de Medicina Humana participar del Servicio Rural y Urbano Marginal de Salud (¡miserables!) o la ley que autoriza el transporte público mediante motocicletas en Madre de Dios (viola la Constitución de 1993 al interferir en las políticas públicas del Gobierno nacional) hasta una iniciativa de reforma constitucional para restablecer la inmunidad parlamentaria total (eliminada en 2021) o un proyecto de ley para amnistiar militares violadores de derechos humanos durante la época de la violencia terrorista entre 1980 y el año 2000.
Lo repetiré
otra vez: el Congreso “ilegítimo” merece ser cerrado.
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