La delincuencia común y, sobre todo, la delincuencia organizada, han crecido mucho en el Perú.
El Alcalde de Lima (sigue actuando como “chulo arrogante”) y alcaldes capitalinos insisten en hacer una demagogia grosera con el tema y, junto a los medios de comunicación, presentan la ciudad como si estuviera al borde de una “hecatombe delictiva” y requiriera medidas draconianas. La principal: los militares deben patrullar calles y avenidas de Lima.
El Alcalde de Lima ha dicho que debemos pasar a una “segunda fase” (¿cuándo inició la primera?) e imitar a Nayib Bukele, el autócrata narcisista y corrupto que en El Salvador está metiendo presos a salvajes pandilleros y a todo aquél que parezca pandillero. Para tal fin, además de que no se sepa su "pacto" con los jefes pandilleros, Bukele se ha valido del “régimen de excepción”, votado hace más de un año por la Asamblea Legislativa oficialista. Bukele, quien en El Salvador tiene su popularidad por las nubes, aprovecha para “cargarse” la Constitución de 1983, perseguir periodistas independientes, concentrar mayor poder, enriquecerse con sus compinches y quedarse indefinidamente. Afortunadamente, en el Perú, más allá de sectores “de derecha”, poca gente simpatiza con el sátrapa salvadoreño.
Descontando al “pirotécnico” Alcalde de Lima, los alcaldes capitalinos son conscientes que las Fuerzas Armadas no están entrenadas para enfrentar delincuentes. Constitucionalmente, cuando el Poder Ejecutivo lo determina, pueden intervenir para restablecer el orden interno bajo el Estado de Emergencia. En Puno, por ejemplo, la Presidenta de la República y su Gobierno, que no tienen afán persecutor, decretaron el Estado de Emergencia y los militares han intervenido para reprimir a las turbas de izquierda radical que insisten en bloquear carreteras, destruir propiedad pública o privada, intimidar a la ciudadanía y fomentar el caos por motivos políticos. Para tal propósito, conforme a sus reglamentos, los militares pueden usar sus armas de guerra si quienes perturban la paz rehúsan cesar sus acciones o atentan contra ellos mismos.
Entonces los alcaldes dicen querer a los militares para la “disuasión”. Creen que cuando los delincuentes vean soldados uniformados con sus armas de guerra, parados en alguna esquina sin hacer nada más, se llenarán de miedo y dejarán de delinquir. Díganme usted si ha escuchado un razonamiento más iluso. Incluso, esos soldados podrían volverse vulnerables ante los delincuentes para quitarles sus armas de guerra. ¿Qué haría entonces un soldado?, ¿cree que intentará persuadir a su atacante, lo arrestará o pedirá refuerzos a la Policía Nacional?. ¡No!. Disparará. Sería violencia contra violencia.
Hace años que oímos a políticos demagogos pregonar “¡militares, a patrullar las calles!” para ganar aplausos o votos y sí los consiguen. Si, realmente, los militares servirían para combatir eficazmente la delincuencia común u organizada, sin cometer violaciones a los derechos humanos (no sólo de criminales sino de inocentes que, inevitablemente, sufrirán), les interesa un pepino. Por cierto, el Alcalde de Puente Piedra es un buen ejemplo de esos políticos.
En vez de verter demagogia, los alcaldes debieran invertir más en sus cuerpos de serenazgo para labores de prevención y monitoreo, además de colaborar activamente con la Policía Nacional, que sí está entrenada para combatir la delincuencia. Tampoco estaría de acuerdo con permitir a los serenos usar armas no letales, como ha aprobado legalmente el Congreso hace poco tiempo, porque los cuerpos de serenazgo no son “policías auxiliares”.
Contra la
delincuencia, prefiero confiar en la Policía Nacional que en los alcaldes.
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