La crisis política en el país prosigue, repercutiendo en la economía y la sociedad.
La Presidenta de la República y su Gobierno, además del Congreso, están sufriendo un “ataque de pinza”: dos fuerzas, aunque divergentes, unidas para atacar y vencer.
Primero, la izquierda radical. Pese a que las violentas protestas están menguando en Lima, en Ica están intensas. Carreteras a Cusco, Arequipa y Madre de Dios continúan bloqueadas. Hay manifestaciones en Moquegua, Apurímac y Puno, donde en este último lugar las Fuerzas Armadas han intervenido para apoyar a la Policía Nacional bajo el Estado de Emergencia. Los bloqueos están paralizando el comercio interior y en varias ciudades del sur existe desabastecimiento de alimentos, medicamentos o combustible y especulación de precios.
Las turbas se vuelven más salvajes y agresivas, a medida que ven más lejos la renuncia de la Presidenta de la República, el cierre del Congreso, la convocatoria inmediata a elecciones generales y el inicio de un proceso constituyente. Ya han atacado hasta agencias de bancos y entidades financieras o las vías férreas hacia la ciudadela de Machu Picchu. Ni siquiera respetan las ambulancias o los camiones del Cuerpo General de Bomberos Voluntarios: por igual los apedrean. Hay decenas de policías heridos. También el total de muertos o heridos crece. Sin embargo, para ellos es “protesta pacífica”, “insurgencia popular” o “lucha contra la dictadura cívico-militar”. En algunos departamentos la Policía Nacional está sobrepasada.
El 15 de febrero podría ser un día clave. A partir de esa fecha el Congreso podría votar, por segunda vez, la reforma constitucional para recortar el mandato presidencial y parlamentario y convocar elecciones generales para el año próximo. Por desgracia, se requiere que algunas facciones de izquierda radical en la Cámara voten a favor. No obstante, varias están condicionando el voto favorable a la inclusión del referéndum constituyente. Entre los “rojos” existe la convicción que, si el Congreso no puede aprobar la reforma constitucional sobre el adelanto electoral, tiene el combustible óptimo para “incendiar el país” y presionar, con las turbas en las calles, que se termine de “derrumbar” la democracia restaurada en 2001 y la Constitución de 1993 para instalar la “Junta de Gobierno” e iniciar el proceso constituyente.
El otro ataque proviene de la soberbia y ensimismada “progresía” limeña, cuyos integrantes (no todos, por supuesto) también quieren la renuncia de la Presidenta de la República y la renuncia de la Mesa Directiva del Congreso. Quieren otra Mesa para que asuma el poder un “hombre de consenso”. Quieren repetir los sucesos de noviembre de 2020. Quieren un Gobierno interino amigo. Si para lograrlo es necesario “empapelar” judicialmente al Presidente del Consejo de Ministros, a policías y hasta militares, si para conseguirlo es imprescindible defender las turbas de izquierda radical como “protesta social” o denunciar la “represión”, no vacilarán en hacerlo.
También es la “progresía” limeña quien, desde los medios de comunicación, está detrás de apresurar los comicios sin importar “cargarse” el candelario electoral. Elecciones en octubre de este año, elecciones en noviembre. Cree que, tras todos los conatos de revuelta y focos insurreccionales, un candidato presidencial afín a ésta, vestido de “centrista”, puede tener chances.
Post data: notas de protesta de Torre Tagle por las injerencias
groseras de Colombia, Bolivia y Chile en asuntos internos. Se han “congelado”
las relaciones diplomáticas con Honduras. México rehúsa reconocer la sucesión
constitucional. Sin llegar a romper relaciones diplomáticas, más allá de
expulsar embajadores, más no se puede hacer.
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