Represión o, como gustan llamarlo desde sectores “de izquierda”, “criminalización de la protesta”.
Llueve, truene o relampaguee, la izquierda radical quiere seguir con sus violentas protestas, su propaganda política y su movilización de masas. Justifica el bloqueo de vías, la destrucción de propiedad pública o privada, el amedrentamiento de la ciudadanía y los ataques a la Policía Nacional para perseguir su plataforma política, pero cuando el Gobierno nacional, a través de las Fuerzas Armadas, le reprime para restablecer el orden grita “represión”, “criminalización de la protesta”, “dictadura cívico-militar” y demás falsedades.
La izquierda radical alienta la “violencia revolucionaria” para “cargarse” la democracia restaurada en 2001, pero la Presidenta de la República es una “asesina”, los ministros son “asesinos” y el Presidente del Consejo de Ministros es el “carnicero de los Andes”, en la boca floja de un congresista “rojo”. Si en sectores “de derecha” no abundaran los tontos hasta almorzar y después todo el día, ellos dirían a “rojos” y “rojimios” que, si buscan violencia, caos y destrucción, siempre, siempre obtendrán represión.
Por ejemplo, entre 1932 y 1933 la dictadura del comandante Luis Miguel Sánchez Cerro enfrentó al APRA. Aunque la historiografía oficial calle, archivos hemerográficos y testimonios de la época expresan cómo los apristas, al no haber reconocido la derrota de su líder fundador, Víctor Raúl Haya de la Torre, en las elecciones generales de 1931, desataron la violencia política con turbas y pistoleros para enfrentarse a los partidarios de Sánchez Cerro, quien ante la actitud cada vez más sediciosa del APRA reaccionó con una represión bestial.
De igual modo, entre 1945 y 1948, durante el gobierno de José Luis Bustamante y Rivero, el APRA apeló a la violencia política cuando fue encontrando resistencia en la extinta "oligarquía" a sus políticas populistas y su vocación de poder. Huelgas, manifestaciones callejeras, ataques a la propiedad privada, propaganda política y hasta crímenes (el más famoso: el asesinato de Francisco Graña Garland, director del diario La Prensa, en 1947) desencadenaron la durísima represión tras el golpe de estado de 1948.
En 1960 y 1961, bajo el gobierno de Manuel Prado, con Pedro Beltrán como Presidente del Consejo de Ministros y Ministro de Hacienda y Comercio, toda una muchachada estudiantil de izquierda radical se echó a la calle provocando desordenes y choques con la Guardia Civil. Esa muchachada quería emular la “epopeya” revolucionaria de Fidel Castro en Cuba años antes. Prado y Beltrán, a través de militares y policías, debieron reprimir duramente esas protestas juveniles para restituir el orden público.
Por último, entre 1975 y 1978, durante la “dicta-blanda” del general Francisco Morales Bermúdez, la izquierda radical, alzada desde la dictadura del general Juan Velasco Alvarado, soñaba que la revolución estaba a la vuelta de la esquina y fantaseaba con la “lucha armada”. Las distintas facciones “rojas” alentaron huelgas por doquier, paros regionales, movilizaciones de masas y choques con la Guardia Civil. Morales Bermúdez reaccionó con toques de queda, detenciones, censura y hasta destierros. Por eso la izquierda radical lo odió hasta el último día de vida de aquél. Situación similar a hoy.
Si el
Gobierno nacional necesita reprimir para salvaguardar las instituciones y el
imperio de la ley, está legitimado por la Constitución (de 1993) para hacerlo.
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