Otra vez el Presidente del Jurado Nacional de Elecciones está nervioso. Le sucede cada vez que el tema de debate son las elecciones generales de 2021.
Cuando este caballero declara en televisión o radio sobre su labor y la labor de su colegiado en los comicios de hace tres años se victimiza, se ofusca y denuncia “campañas de desprestigio” contra él y contra la justicia electoral. Me recuerda bastante a Venezuela cuando los rectores del Consejo Nacional Electoral, funcionales a la dictadura de Nicolás Maduro, se comportan igual tras haber celebrado alguna polémica elección o un controvertido referéndum. La gran mayoría de los venezolanos hace mucho tiempo no confía en el ente comicial.
Al Presidente del Jurado Nacional de Elecciones le disgusta, le incómoda, le enerva que cualquiera diga que hubo “irregularidades” en las elecciones generales de 2021. Ni hablemos de los más osados que alegan “fraude”. No, para él y quienes todavía lo defienden en los medios de comunicación y las redes sociales, los comicios de hace tres años fueron los más “transparentes” de todo el mundo mundial. Sin embargo, cada vez que este magistrado “salta como ponzoña” para insistir con la “transparencia” de las elecciones generales de 2021, su mensaje pierde fuerza argumental y se convierte en una perorata.
En comicios que se consideren libres siempre existen algunas “irregularidades”, por acción deliberada u omisión involuntaria. Cuando son por acción deliberada, esas “irregularidades” pueden afectar la voluntad popular libremente expresada en las ánforas hasta 3% en el resultado, nomás. Un “fraude electoral” es un asunto más complejo, que no hablaremos ahora. En Perú, desde el retorno a la democracia en 2001, el Jurado Nacional de Elecciones resolvió legal y oportunamente “irregularidades” surgidas en elecciones, referendos o consultas populares que hemos celebrado.
Sin embargo, en 2021 la situación fue distinta. Partamos de hechos concretos. Una normatividad electoral muy engorrosa que favorece decisiones discrecionales, tanto de los jurados electorales especiales como el Jurado Nacional de Elecciones. A su vez, el Jurado Nacional de Elecciones funcionó sin un integrante (representante del Colegio de Abogados de Lima) y, antes de acabar el proceso electoral, sin dos integrantes. Pese a que constitucional ni legalmente estaba habilitado, el caballero que aún preside la justicia electoral convirtió su “voto dirimente” en un “voto más” e, incluso, un “doble voto”. Adicionalmente, los jurados electorales especiales y el Jurado Nacional de Elecciones violaron los procedimientos de impugnación u observación de actas electorales y hasta rehusaron resolverlas declarando inmediatamente inadmisibles.
En sectores “de derecha” se ha resaltado bastante el pasado “rojo” de quien aún preside la justicia electoral (fue maoísta en la década de 1980), pero, desde el punto de vista institucional, no interesa la ideología del funcionario público sino su conocimiento profesional, su ética de trabajo y su defensa del imperio de la ley. No obstante, la conducta pública del caballero dejó demasiado que desear en las elecciones generales de 2021 y las elecciones municipales y regionales de 2022.
Al fin, este
año acaba el mandato del magistrado. Él desea quedarse un tiempo más, pero la
Corte Suprema de Justicia no estaría de acuerdo. Principalmente, es un
funcionario público que provoca mucha desconfianza y, como mínimo, es mejor que
se vaya por donde vino.
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