Es la sentencia más vergonzosa del Tribunal Constitucional desde el retorno a la democracia en 2001.
Por mayoría de magistrados, el Tribunal Constitucional ha declarado “constitucional” la ley aprobada por el Congreso el año pasado para que la Presidenta de la República viaje al extranjero: la ley de la “presidencia remota”. En ese entonces, una treintena de congresistas presentó una acción de inconstitucionalidad ante el Tribunal Constitucional, que ahora declaró infundada.
La Constitución de 1993 señala explícitamente quiénes y cómo se encargarán del Despacho Presidencial: si el Presidente de la República viaja, se encarga el primer vicepresidente. En su defecto, el segundo vicepresidente. No hay nada que interpretar. Al presente, si la Presidenta de la República no tiene quién se encargue del Despacho Presidencial para viajar al exterior, simplemente, no viaja, punto. Aunque ella dirige la política exterior, nada la obliga a viajar. Puede delegar esa función en el Presidente del Consejo de Ministros o el Ministro de Relaciones Exteriores. Nada que Su Excelencia puede viajar y llevarse con ella el Despacho Presidencial”.
Con el apoyo de las bancadas “de derecha” y varias “centristas”, el Congreso aprobó esa ley, porque la Presidenta de la República moría de ganas por viajar al extranjero, bajo el pretexto que ella debía “dar la cara” ante, por ejemplo, el presidente mexicano Andrés Manuel López Obrador o el presidente colombiano Gustavo Petro: poderosos simpatizantes del incompetente, corrompido e ideologizado gobierno de Pedro Castillo, quienes aún no aceptan la sucesión constitucional de 2022.
Los fundamentos de la sentencia son tan absurdos y disparatados que avergonzarían a esos estudiantes de primer ciclo en universidades estatales o privadas, que sueñan convertirse en abogados. Por ejemplo, insinúa que “las nuevas tecnologías” serían fuente del Derecho. No creo que juristas “de derecha” como el ex diputado Enrique Ghersi o el ex congresista Natale Amprimo, opuestos desde el inicio a la ley de la “presidencia remota”, estén de acuerdo con este “mamarracho”.
A partir de ahora el Tribunal Constitucional no tendrá reparos en declarar “constitucional” cualquier norma que contradiga la letra y el espíritu de la Constitución de 1993 por la política. Que los magistrados declaren “constitucional” una ley manifiestamente inconstitucional no la “constitucionaliza”: sólo hace que el Tribunal Constitucional viole la Constitución de 1993.
El Tribunal Constitucional se une al Ministerio Público, el Poder Judicial, la Junta Nacional de Justicia, el Jurado Nacional de Elecciones y la Defensoría del Pueblo en la violación sistemática e impune de la Constitución de 1993, con el Congreso “ilegitimado” y sus decisiones “espurias”, porque estaría al margen de la Constitución de 1993 desde la aprobación de la inmoral y malísima reforma constitucional para restablecer la bicameralidad. El Gobierno nacional tampoco es inocente.
Reproduciendo al periodista español Federico Jiménez
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