Cine, sin compra ni venta

 

Considero “mercachifles” a quienes creen que en la vida todo se compra, todo se vende. En el Congreso “ilegítimo” hay bastantes mercachifles.

Por amplia mayoría, la Cámara “espuria” aprobó una nueva “Ley de Cine”, que reemplazará a la ley aprobada por el nefasto gobierno de Martín Vizcarra en 2019 mediante decreto de urgencia durante el interregno parlamentario. Aunque eran varios proyectos de ley, la iniciativa inicial provino de la congresista Adriana Tudela.

Fundamentalmente, la ley contiene numerosos incentivos económicos y fiscales para la producción cinematográfica y audiovisual en Perú. Según el texto aprobado, una película se considerará peruana si la nómina de equipos artísticos, técnicos o personal en general tiene nacionalidad peruana o extranjera domiciliada en el país, mínimo en 50%. Además, la agencia PROMPERU incentivaría la filmación de producciones extranjeras en locaciones turísticas y gestionaría los beneficios fiscales para la importación de material especializado. Composiciones o arreglos musicales deberán ser realizados por compositores de nacionalidad peruana o extranjeros domiciliados en el país.

También el Ministerio de Cultura otorgaría estímulos económicos a personas naturales peruanas o personas jurídicas dedicadas a la industria cinematográfica o audiovisual. La Comisión Nacional de Cine (CONACINE) concedería hasta 40% del total de recursos para proyectos fuera de Lima y Callao, considerando producciones indígenas u originarias.

A simple vista, parece una buena norma: disminuye subsidios (bueno para la reducción del déficit fiscal), focaliza mejor los recursos y promociona la inversión privada en la incipiente industria cinematográfica o audiovisual del país. Sin embargo, la ley tiene el rechazo unánime de todas las asociaciones de cineastas y cineastas independientes. ¿Por qué?.

Primero, porque el porcentaje de recursos destinados a producciones cinematográficas o audiovisuales fuera de Lima y Callao ha sido de 100% y la nueva ley la reduce. Esa queja es por dinero. Segundo, porque convierte al Ministerio de Cultura en “censor”: el texto dice que todas las películas deberán respetar las “buenas costumbres”, los “valores patrios” y el “interés nacional”. ¿Quién es el burócrata que determinará cuáles son “buenas costumbres” o “valores patrios” o qué es el "interés nacional"?.

¿Un película dramática sobre una madre soltera cuya hija ha sido violada sexualmente y lucha por obtener justicia o un película vivencial sobre un joven discriminado por ser gay atentan contra las “buenas costumbres”?, ¿un documental histórico sobre el por qué Perú perdió la guerra contra Chile entre 1879 y 1883 atenta con los “valores patrios”?, ¿un película memorial sobre las violaciones a los derechos humanos en los años de la violencia terrorista, entre 1980 y el año 2000, atenta contra el “interés nacional”?.

Los mercachifles en el Palacio Legislativo no entienden que si algo valoran muchísimo los cineastas es la libertad creativa. Por eso rechazan una ley de quienes creen que todo se compra, todo se vende.