Creo la gran mayoría de peruanos y peruanas quiere la paz en el país y apoyará toda acción constitucional y legal para el mantenimiento del orden interno.
Sin embargo, ante la amenaza explícita de la izquierda radical que movilizará turbas para generar caos y anarquía bloqueando calles o carreteras, destruyendo propiedad pública o privada, perpetrando saqueos y aterrorizando a la ciudadanía, quienes tienen liderazgo político no parecen entender el momento y las circunstancias que enfrenta el Perú.
Por un lado, la influyente “progresía” limeña. Salvo excepciones, sus integrantes siguen idealizando las violentas protestas “rojas” como si fuesen los “conflictos sociales” del pasado reciente. Como se deduce de la (vergonzosa) entrevista al politólogo estadounidense Steve Levitsky en el diario La República, los “progres” piensan que quienes protestan o convocan a protestar lo hacen por “el olvido histórico de Lima hacia el Perú profundo” y, en el fondo, los motiva reivindicaciones económicas o sociales. La izquierda radical repite que sus exigencias son políticas: la renuncia de la Presidenta de la República, el cierre del Congreso, el adelanto de elecciones generales y la celebración de un referéndum constituyente. Según ha expresado la socióloga “roja” Lucía Alvites, el fin último es la instalación de una “Junta de Gobierno” conformada por las “fuerzas vivas” del país (“rojos” y “rojimios”), que pueda aprobar decretos-leyes (de facto, una dictadura) y el inicio del proceso constituyente, con lo cual la democracia restaurada en 2001 y la Constitución de 1993 terminarían derrumbándose.
La “progresía” limeña subestima la presencia del Movimiento por la Amnistía y los Derechos Fundamentales (MOVADEF), heredero del terrorismo comunista de Sendero Luminoso en las décadas de 1980 y 1990, que convierte las violentas protestas en conatos de revuelta o focos insurreccionales. En 2021 José Luis Gil, ex oficial policial antiterrorista, advirtió que MOVADEF puede acabar “devorando” a los sectores “de izquierda”.
Al lado, los sectores “de derecha”. Hablan de “marchar por la paz”. Apoyo esa iniciativa, pero no que la Policía Nacional convoque marchas ciudadanas o participe en éstas, so pretexto que el reglamento institucional de 2017 autoriza realizar “actividades cívicas”, aunque puedan violar la Constitución de 1993. Además, quien escribe no conoce ningún ejemplo en el mundo donde un cuerpo policial convoque marchas o marche. La Policía Nacional y las Fuerzas Armadas están para restablecer el orden interno alterado con el monopolio de la fuerza, no para marchar como si fueran un actor más en conflicto en la sociedad.
Paradójicamente, se habla de paz, pero hay quienes (son minoría) quieren que el Gobierno nacional declare el Estado de Sitio, propio para guerra civil o guerra externa, mediante el cual puede declararse “ley marcial”, sometiendo las autoridades políticas a los militares y los civiles a la justicia militar.
De
todos modos, temo habrá violencia y, posiblemente, haya más fallecidos, pero la
paz y el orden interno deben imperar.
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