En medio de los escándalos políticos sobre la Presidenta de la República, el Congreso “ilegitimado” desde que aprobó la inmoral y malísima reforma constitucional sobre la bicameralidad, aprobó una ley algo desapercibida, que aún no ha sido promulgada.
Sería la Ley que dispone medidas para la optimización del proceso electoral de 2024, que modificaría la legislación comicial para las elecciones generales de 2026 y las elecciones municipales y regionales de 2026. Aparte que es una norma que viola parcialmente la Constitución de 1993, es una clara manifestación de “ventajismo electoral” de los congresistas, que quieren continuar “enchufados” al presupuesto público.
¿Qué dice esta ley?. Primero, la convocatoria a elecciones sería un año antes de la votación. No nueve meses como hasta ahora ni seis meses como antaño. Una demostración más que el calendario electoral no se moverá ni un milímetro, aun si cayese la Presidenta de la República y se instalase un Gobierno interino. Otras disposiciones se refieren a que bastarían seis meses (no un año, como hoy) para afiliarse a un partido o movimiento político (¡bienvenido el intercambio de camisetas partidarias!), la exclusión de candidatos únicamente con sentencia judicial firme (¿a la medida de los célebres “Niños”?), la postulación individual a partidos o movimientos políticos (lo mismo de siempre), financiamiento público (jamás lo he apoyado), franja electoral, mesas de sufragio, etc.
La principal disposición es que permitiría a los congresistas ser candidatos municipales o regionales en los comicios inmediatamente posteriores a las elecciones generales de 2026. Si las elecciones municipales y regionales de 2026 se celebrarán en noviembre, la convocatoria sería en noviembre de 2025. Como el mandato parlamentario es irrenunciable, los congresistas que quisieran convertirse en alcaldes, regidores, presidentes regionales o consejeros regionales tendrían que solicitar licencia sin goce de haber al Congreso para dedicarse a sus campañas. Pues con esa ley los congresistas podrían preparar sus candidaturas municipales o regionales, no ir al Congreso y seguir cobrando sus sueldos, pese a que la Constitución de 1993 establece que la función parlamentaria es a dedicación exclusiva, salvo la docencia universitaria.
¡Sinvergüenzas!, ¡descarados!, son algunas palabras que vienen a mi mente. No contentos con haberse “cargado” la voluntad popular libremente expresada en el Referéndum de 2018 con la bicameralidad y la reelección parlamentaria inmediata (no quisieron otro referéndum), además de tener la posibilidad de un aumentar sus “chances electorales” al Senado y la Cámara de Diputados con la inevitable reforma de circunscripciones electorales, aprueban una ley para ir a los gobiernos regionales y locales, casi como premio de consolación.
Para colmo, el congresista Waldemar Cerrón impulsa la creación de varias universidades estatales. Por ahora el Congreso aprobó por insistencia la ley para la Universidad Nacional Tecnológica de San Juan de Lurigancho en Lima (reactualización de una vieja ley de 2010) y la promulgó. Todos los discursos sobre la educación, la juventud, el desarrollo, etc., son palabrería. Lo que interesa a políticos como Cerrón es la posibilidad de convertirse en decanos de facultad o rectores y continuar “enchufados” al presupuesto público.
Son todos despreciables.
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