30 de
septiembre de 2019.
Ese
“aventurero”, inútil y pleitista, quien asumió la Presidencia de la República
mediante la sucesión constitucional de 2018, se valió de una “interpretación
jurídica antojadiza” (la teoría de lo “factico”) para “torcer” el imperio de la
ley y “pervertir” las instituciones. No es un golpe de estado: no como el 05 de
abril de 1992. Los sucesos históricos no se repiten, pero pueden parecerse.
El
“invasor” del Palacio de Gobierno “usurpó” la atribución condicionada de
disolver el Congreso y convocar a elecciones parlamentarias. Ya había amenazado
el domingo anterior con la disolución si la Cámara no le aprobaba una cuestión
de confianza que su Presidente del Consejo de Ministros presentaría al día
siguiente para impedir que ésta nombre los magistrados del Tribunal
Constitucional con mandato vencido. Quería que la cuestión de confianza atada a
una reforma de la ley orgánica fuera votada en la mañana antes de los
nombramientos. El Congreso no aceptó y postergó la votación para la tarde. Cuando
la Cámara debatía y votaba a favor de la cuestión de confianza, el “aventurero”
dijo en Mensaje a la Nación que él “interpretaba” que la confianza fue negada en
la mañana: primera violación constitucional. Alegando era la segunda vez (la
primera fue en 2017, durante el mismo mandato presidencial), decretó la
disolución. Segunda violación constitucional.
Antes que
fuera publicado en el diario oficial El
Peruano el decreto supremo de la disolución, el Congreso (sin los “rojos”)
votó la suspensión temporal del “usurpador” y juramentó a Mercedes Aráoz como “presidenta
interina”, aunque después renunciaría. Sin embargo, el diario oficial (por
orden del “aventurero”) se ha negado a publicar todas las resoluciones
legislativas aprobadas antes del decreto disolvente. Ese decreto sólo fue
refrendado por su nuevo Presidente del Consejo de Ministros y nadie más: tercera
violación constitucional. Para colmo, el “usurpador” reunió en el Palacio de
Gobierno al alto mando militar y policial y lo forzó a “pronunciarse” a su
favor. Las Fuerzas Armadas y la Policía Nacional no son deliberantes: cuarta
violación constitucional.
Por ahora
la Comisión Permanente entra en funciones hasta la instalación del nuevo Congreso.
Son horas inciertas y cunden las pasiones políticas. La disolución es aplaudida
por la gran mayoría de la ciudadanía. Hubo manifestaciones a favor en Lima,
Huancayo, Cusco, Arequipa, Huaraz, Chimbote Puno y Moquegua. Eran sindicatos, universitarios
y colectivos ciudadanos “rojos”. La izquierda radical está feliz y entusiasta. Cree
que el “aventurero” le abrirá las puertas del poder, pero se equivoca. Esas
puertas están cerradas con él adentro. La “progresía” vive un sueño. Cree que
acabó con sus enemigos políticos, pero muy pronto “chocará” con el deseo de
perpetuarse en el poder del “usurpador”. Ya descubrirán estos “lelos” cuán
inescrupuloso es el “aventurero”.
El
Ministerio Público, el Poder Judicial, la Defensoría del Pueblo, el Tribunal
Constitucional, el Jurado Nacional de Elecciones, etc., siguen funcionando. No
hay censura y no todos los medios de comunicación están con el “aventurero”. No
hay detenidos ni presencia castrense en las calles. Hay muchos políticos y
juristas cuestionando la disolución. Tampoco hay respaldo empresarial. En los
siguientes cuatro meses, el “usurpador” promulgará los decretos de urgencia (incluido
el nuevo presupuesto público) para la “farra fiscal” que le garantice ganar la elección
parlamentaria. Ya ganada, presentará al nuevo Congreso la reforma
constitucional que habilite su candidatura presidencial para 2021. La oposición
debe ser firme, coherente y realista. No más cortoplacismo.
La
democracia restaurada en 2001 ha sido “trastocada” en su esencia. El
“aventurero” (a quien nadie eligió, directamente) “se cargó” la voluntad
popular expresada en las urnas en 2016 y nada asegura no lo repetirá en el
futuro. Tontos quienes estén celebrando. Nada hay que celebrar.
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