Una torpeza en el Gobierno nacional ha originado una
nueva crisis política.
El domingo pasado Martín Vizcarra, ministro de
Transportes y Comunicaciones, anunció durante una entrevista en televisión que
la adenda al contrato de concesión para construcción, mantenimiento y
administración del aeropuerto de Chincheros en Cusco (contrato firmado en 2014)
“no iba” y el mismo contrato sería resuelto.
Tras meses de polémica, una interpelación en la Cámara
pedida por Acción Popular y faltando pocos días para un informe técnico de la
Contraloría General de la República (señalaría más observaciones a la adenda),
Vizcarra sorprendió a propios y extraños. Al día siguiente, anunció su renuncia
al Ministerio de Transportes y Comunicaciones. Antes de viajar a Ecuador, el
Presidente de la República dijo que nombraría al reemplazante cuando regrese.
Los “rojos” del Frente Amplio en el Congreso han pedido la comparecencia del
Presidente del Consejo de Ministros, quien estuvo notablemente ausente esos
días. La mayoría absoluta fujimorista se ha envalentonado otra vez y ahora
quiere que Vizcarra renuncie a la Primera Vicepresidencia de la República. De
inmediato, Su Excelencia lo ha respaldado y dijo que él no renunciará.
¿Qué problema había con la mentada adenda?. Imprecisiones
desde el mismo Gobierno nacional. El Presidente de la República dijo en un
Mensaje a la Nación que el Perú ahorraría 590 millones de dólares en
cofinanciamiento al concesionario, pero a valores reales el ahorro hubiese sido
solo entre 235 a 370. También la tasa de interés para el endeudamiento y los intereses
intercalares, que el Ministerio de Economía y Finanzas consideraba excesiva y
el OSITRAN rechazaba, Vizcarra acabó aceptándolas. Tampoco aclaró el cambio en
la modalidad de pago por el Estado. Prácticamente, convertía la concesión en obra
pública. Al menos, la construcción de la pista y el terminal.
No faltaron las mentiras del congresista Víctor Andrés
García Belaunde, a quien le fascinan los platós de televisión, las cabinas de
radio y atraer reporteros y camarógrafos. “Vitocho” decía que, gracias a la
adenda, el concesionario ya no financiaría nada. Falso, porque el cambio era en
la fuente de financiamiento y la responsabilidad financiera del concesionario, no
en el cofinanciamiento público. Tan falso como alegaba que el concesionario, el
consorcio peruano-argentino Kuntur Wasi, es insolvente. Uno de los socios tiene
“problemas financieros”, pero como “Vitocho” ignora lo que es la “responsabilidad
solidaria”, dice tonterías.
Ahora no se sabe qué ocurrirá. El Presidente de la
República dijo públicamente que el proyecto se realizará, pero con nuevo
concurso público y una nueva concesión. Por otro lado, el congresista Carlos
Bruce dijo en televisión que podría mantenerse el contrato, sin la adenda. No
obstante, creo que el sucesor de Vizcarra apelaría al “mutuo acuerdo” para solicitar la resolución del contrato. Otras alternativas
(incumplimiento del Estado, incumplimiento del concesionario o razón de interés público) son
inviables.
Toda una torpeza.
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