Jaime Yoshiyama, el “anti-ejemplo”

Uno de los peores legados de Alberto Fujimori y el fujimorismo al Perú fue acabar con la noción de “ejemplaridad pública”.

Según el escritor español Javier Gomá en su libro titulado igual, “ejemplaridad pública” es la superior exigencia ética que se impone sobre hombres y mujeres al frente de responsabilidades de Estado en todo lo concerniente a sus vidas, incluso en el ámbito privado. Para quien tiene o tuvo poder, lo que debe hacer ha de pesar siempre más que lo que se pueda o quiera hacer.

Un ejemplo notorio es Jaime Yoshiyama, quien afronta investigación fiscal en el marco del “escándalo Odebrecht”, la mega-corrupción de la empresa constructora brasileña entre 2005 y 2014, por aportes irregulares a la campaña presidencial de Doña Keiko, ex congresista e hija mayor de Fujimori en 2011. Desde los Estados Unidos, a donde viajó pretextando mal de salud, Yoshiyama intenta defenderse y defender a Doña Keiko con declaraciones ridículas y bastante cuestionables.

Nacido en 1944, descendiente de japoneses, Yoshiyama es un egresado de ingeniería industrial de la Universidad Nacional de Ingeniería. Pertrechado de un post-grado, comenzó como eficiente burócrata estatal en la década de 1970. En 1990, con Fujimori en el poder, fue presidente de la empresa estatal ELECTROLIMA. Después fue nombrado para presidir la COPRI, ente estatal encargado de la privatización o la liquidación de empresas estatales.

Como Fujimori gustaba de “incondicionales”, en 1991 designó a Yoshiyama como Ministro de Transportes y Comunicaciones. Cuando a inicios del año siguiente, el ex diputado Fernando Sánchez Albavera renunció al Ministerio de Energía y Minas, fue reemplazado con el obsecuente Yoshiyama. Convalidó con su firma el golpe de estado del 05 de abril de 1992. Por supuesto, fue premiado después y ¡qué premio!: la Presidencia del Congreso Constituyente Democrático (CCD), en noviembre de 1992.

Agradecido, en su discurso inaugural (“aburrido”, según declaró la ex diputada Lourdes Flores Nano, congresista constituyente) Yoshiyama se dedicó a justificar el golpe y “glorificar” a Fujimori. Posteriormente, fue su ejecutor obediente en el CCD. A Yoshiyama se le atribuye el “tijeretazo” al proyecto de Constitución: reducir el articulado como sea, montando párrafos sin importar la coherencia, porque su jefe quería un texto de pocos artículos. Servilmente, Yoshiyama estampó su firma en la Constitución de 1993.

Tras intentar convertirse en Alcalde de Lima, Fujimori recompensó a Yoshiyama con el “clientelar” Ministerio de la Presidencia. Se retiró de la vida pública en 1997. En democracia, allá por 2006, Yoshiyama junto a otros ex ministros fue procesado judicialmente por el golpe de 1992. En 2011, con Fujimori purgando prisión, Yoshiyama cambió su lealtad hacia Doña Keiko y el resto es historia conocida.

Para Yoshiyama parece que todos sus cargos públicos desempeñados fueron nada. Que su firma aparezca en la Constitución no le otorga responsabilidad de Estado. Su lealtad no es al Perú sino a un “amo de turno”. Un “anti-ejemplo público”.