El Perú estaba muy convulso. El panorama económico todavía
era sombrío y los terroristas de Sendero Luminoso y el Movimiento
Revolucionario Túpac Amaru (MRTA) continuaban con la orgía de muerte y
destrucción que había causado miles de víctimas.
Alberto Fujimori era el Presidente de la República y
su Gobierno aún era democrático, bajo la Constitución de 1979. La noche del 03
de noviembre de 1991, seis hombres armados y encapuchados ingresaron al jirón
Huanta 840, una antigua casona habitacional en Barrios Altos, cercado de Lima.
Llegaron al lugar en 2 vehículos sin matrícula. En ese momento había una “pollada”,
fiesta organizada por vecinos para recolectar dinero y reparar el desagüe.
Aproximadamente, a las 11:30pm, los atacantes
ingresaron, ordenaron a todos los asistentes echarse al piso y empezaron a
disparar indiscriminadamente, casi dos minutos. 16 personas murieron,
incluyendo un niño de 8 años de edad. Otras cuatro quedaron gravemente heridas:
uno quedó paralitico. Los atacantes huyeron rápidamente en los mismos
vehículos. Después llegaron efectivos de la Policía Nacional.
Reportajes periodísticos posteriores revelaron que la
matanza fue cometida por el “Grupo Colina”, conformado por integrantes del
Ejército. Creían que en ese viejo edificio de Barrios Altos había reunida una
célula senderista y querían “aniquilarla”. Sí había senderistas, pero en el
segundo piso, medio ocultos y no se reunían con el resto de vecinos. Semanas
después, el Senado designó una comisión investigadora, que visitó el lugar,
entrevistó a los sobrevivientes y acumuló pistas. La comisión sospechaba que “Colina”
era parte de la nueva política antisubversiva de Fujimori basada en la “guerra
de baja intensidad”. Mejor dicho, “terrorismo de estado”. El golpe de estado
del 05 de abril de 1992 truncó la investigación senatorial.
“Colina” cometería más matanzas. Al volver la
democracia en 2001, Fujimori, su asesor de inteligencia Vladimiro Montesinos, los
miembros de “Colina” (con el jefe operativo, el ex mayor Santiago Martín Rivas)
y otros serían juzgados y sentenciados por violaciones a los derechos humanos y
crímenes de lesa humanidad. La “matanza de Barrios Altos” está bien reseñada y
documentada por el Informe final de la Comisión de la Verdad y Reconciliación,
sendos libros de los periodistas Umberto Jara y Ricardo Uceda, etc.
Sin embargo, hasta hoy hay quienes, por ignorancia o
maldad, siguen repitiendo que las víctimas eran “senderistas” y no lamentan las
muertes, excepto el niño. Lo justifican como parte de la “lucha antiterrorista”.
Comentarios así se leen por las redes sociales Facebook y Twitter,
incluso de supuestos “ilustrados” o “conocedores”.
Sin considerar que son fiscales y jueces los
administradores naturales de la justicia y que contra el terrorismo sólo valen
el Derecho y las instituciones, el imperio de la ley se basa en el principio
por el cual ni siquiera un (supuesto) asesino puede ser asesinado sin pagar
penalmente por hacerlo. Todo lo demás son excusas.
He ahí la lección de la “matanza de Barrios Altos”.
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