Amenaza disolvente

Terremoto. No, no hablo de los sismos recientes en el Perú.

En conferencia de prensa desde el Palacio de Gobierno en Lima y rodeado del gabinete ministerial y los presidentes regionales, el Presidente de la República anunció por radio y televisión que su Presidente del Consejo de Ministros pedirá al Congreso una cuestión de confianza, conforme lo permite la Constitución de 1993. Dijo que lo decidió, porque él y “la ciudadanía” están “hartos” de las últimas acciones del Congreso.

¿A qué se refiere?. Hay proyectos de ley sobre reformas a la administrados de justicia, elaborados el año pasado por la Comisión Wagner, que aún no han sido aprobados ni debatidos. Proyectos de ley e iniciativas de reforma constitucional, elaborados este año por la Comisión Tuesta para cambios al sistema político, no están siendo debatidos y algunos ya fueron archivados. En concreto, la reforma constitucional sobre la inmunidad parlamentaria. La gota que colmó el vaso: el archivamiento de la acusación constitucional y la denuncia penal en la Comisión Permanente contra el cuestionado fiscal supremo Pedro Chavarry, todo con votos del APRA y el fujimorismo.

Recordemos que la Constitución de 1993 faculta al Presidente de la República a disolver la Cámara y convocar elecciones parlamentarias, máximo en 4 meses, si ésta censuró o negó cuestión de confianza al Presidente del Consejo de Ministros o a todo el gabinete ministerial. En 2017, bajo el gobierno de Pedro Pablo Kuczysnki, el Congreso negó la confianza a un gabinete ministerial. Va una. Este Gobierno nacional surgió de la sucesión constitucional de 2018. Es una continuación del anterior, porque completa el mandato presidencial. Por tanto, si hubiese una segunda negación de confianza, la Cámara ya podría ser disuelta.

Al margen de las dos facciones parlamentarias de izquierda radical, emocionadas con la posible disolución de la Cámara y hasta “fantaseando” con elecciones constituyentes (¡cuándo no los “rojos”!), al APRA y el fujimorismo más otros partidos políticos en el Congreso no les conviene la disolución, porque no están preparados para ir a elecciones parlamentarias en el corto plazo. El horizonte político sigue siendo las elecciones generales de 2021, en las cuales no pueden asegurar qué tanto éxito tendrán. Además, los actuales congresistas no pueden ir a la reelección.

Su Excelencia sería ganador. La decreciente popularidad presidencial se revertiría, porque la gran mayoría ciudadana (encuestas de opinión lo manifiestan) “aborrece” al Congreso. Con una popularidad estratosférica, al Presidente de la República no le sería difícil “conseguir” un partido político (¿el actual oficialismo?) y candidatos que lo representen en el nuevo Congreso. Podría obtener mayoría absoluta o simple en la Cámara. ¿Qué pasaría después?. Lo ignoro.

Creo que la mayoría de congresistas votará a favor de la cuestión de confianza. Al final, Su Excelencia conseguirá que el Congreso apruebe algunos de sus proyectos de ley e iniciativas de reforma constitucional en materia política. ¿Será lo mejor para el Perú?.