Ahora el
mundo tiene ojos y oídos sobre Venezuela.
El 23 de
enero, Juan Guaidó, presidente de la Asamblea Nacional, se juramentó como “presidente
interino”, porque previamente los diputados habían declarado “usurpadora” la
dictadura de Nicolás Maduro (en el poder “por herencia” desde 2013), que dos
semanas antes se entronizó espuriamente por seis años más. Guaidó se juramentó
con la Constitución de 1999 prometiendo “el fin de la usurpación”, un gobierno
interino y elecciones libres.
Tarea muy difícil.
A parte de una realidad económica y social apocalíptica (hiperinflación
desbocada, escases y desabastecimiento de alimentos y medicinas, colapso de
servicios del Estado, desempleo agobiante, etc.), una criminalidad espeluznante
(asesinatos, secuestros y robos muy violentos) y éxodo masivo de venezolanos al
exterior (en el Perú hay 700 mil venezolanos), Maduro tiene controlados el
Tribunal Supremo de Justicia, el Consejo Nacional Electoral y la Fuerza Armada
Nacional, aparte de milicianos y fuerzas parapoliciales dispuestos a defender a
“sangre y fuego” su dictadura corrupta y criminal. De momento, Guaidó cuenta
con el reconocimiento de los Estados Unidos, que le puede permitir controlar
los activos de la industria petrolera venezolana en el exterior, acceder a los
fondos por la venta de petróleo y solicitar préstamos o ayuda humanitaria. La
Unión Europea aún tiene posición neutral. Canadá se sumó al reconocimiento
estadounidense. Rusia, Turquía e Irán están con Maduro. China todavía no se
pronuncia.
En América
Latina, Argentina, Brasil, Colombia, Costa Rica, Chile, Ecuador, Guatemala, Haití,
Honduras, la República Dominicana, Panamá y Paraguay reconocen a Guaidó. Bolivia, Cuba, El Salvador y Nicaragua siguen apoyando a Maduro. La (falsa)
postura neutral de México y Uruguay parece complicidad. La dictadura está muy
herida, pero no muerta.
El Perú fue
uno de los primeros países en reconocer a Guaidó. La posición de Torre Tagle ha
sido aplaudida por políticos de distintas tendencias, excepto la izquierda
radical. Mejor dicho, las dos facciones de izquierda radical en el Congreso:
por un lado, quienes siguen a la ex congresista Verónika Mendoza y, por el
otro, quienes lidera el ex sacerdote católico y congresista Marco Arana. Ambas
facciones hablan de “golpe de estado”, declaran “legítimo” a Maduro, piden “diálogo”,
denuncian “imperialismo yanqui” y pregonan el “principio de no-injerencia en
asuntos internos”.
¿En qué
cabeza cabe a estas alturas la defensa de una dictadura abiertamente señalada
por vínculos con el narcotráfico y el terrorismo internacional y acusada por
cometer violaciones a los derechos humanos y crímenes de lesa humanidad?, ¿cómo
puede la izquierda radical ser tan “amoral”?, ¿es la ideología o los
intereses?. Tengámoslo presente cuando nos pidan nuestro voto en elecciones.
Nota aparte: no le alegra que el ex dictador Alberto Fujimori
volviera a su prisión en el cuartel policial, pero es orden del Poder Judicial.
Creo él tiene razón cuando dice que su “final está cerca”. Preparémonos.
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