El fujimorismo es el principal movimiento político de los sectores “de derecha”.
La Fiscal de la Nación (ahora suspendida temporalmente por la Junta Nacional de Justicia, pero eso es otro tema) solicitó a la Corte Suprema de Justicia la proscripción del membrete partidario del fujimorismo. Legalmente, ella y el Defensor del Pueblo tienen esa potestad. La (suspendida) Fiscal de la Nación atribuye al fujimorismo “conductas anti-democráticas” y apela al antecedente último de la ilegalización del movimiento político del ex mayor Antauro Humala.
Según fuentes periodísticas, el expediente presentado por la (suspendida) Fiscal de la Nación contiene miles de páginas, con los fundamentos de hecho y derecho para justificar la proscripción. No obstante, será la Corte Suprema de Justicia quien decida si procede o no. Para el caso de “Antaurito”, los vocales supremos tardaron más de seis meses. Para cuando la Corte Suprema de Justicia decida, estaremos en plena campaña electoral y los vocales supremos podrían rechazar la solicitud.
Como señala Juan Sheput, ex congresista y ex Ministro de Trabajo y Promoción del Empleo, el fujimorismo es el gran responsable de la inestabilidad política, el deterioro institucional y la degradación moral que Perú vive desde 2016. Especialmente, desde que forzó la caída del gobierno de Pedro Pablo Kuczysnki en 2018.
Personalmente, el fujimorismo debe participar en las elecciones generales del siguiente año con el resto de los sectores “de derecha” para que todos reciban la paliza electoral que merecen.
Como era previsible, el fujimorismo reaccionó destemplado. Prácticamente, ha tildado de “loca” a la (suspendida) Fiscal de la Nación. El resto de los sectores “de derecha” reaccionaron furibundamente. No obstante, la cereza del pastel la puso el Gobierno nacional. En un comunicado vergonzoso, cínico e injerencista, la Presidencia del Consejo de Ministros se pronunció a favor del fujimorismo y, de paso, atacando a la (suspendida) Fiscal de la Nación.
Nunca. Desde el retorno a la democracia en 2001, nunca el Poder Ejecutivo se había pronunciado tan clara y tan abiertamente en favor de una opción político-partidaria. La repudiada Presidenta de la República y su malogrado Gobierno han violado -otra vez- la Constitución de 1993, que establece el principio de neutralidad en época electoral. Hasta el momento el Jurado Nacional de Elecciones no ha dicho nada.
Para quienes están soñando con un “estallido social” estilo nepalí (como esos colectivos ciudadanos de jóvenes izquierdosos de la “Generación Z”), les recuerdo que una razón por la cual el país no ha “reventado” -hasta ahora- es, precisamente, por las elecciones generales del próximo año: la última válvula de escape para liberar a través de las ánforas la frustración, la rabia y la decepción enormemente acumulados en la sociedad peruana. Si cada vez más peruanos o peruanas comienzan a percibir o sentir que los comicios del siguiente año no serán “libres”, entonces lo que ha sucedido en Nepal podría quedarse corto aquí.
Mucho cuidado
con esa última válvula.
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