Walter Aduviri, adentro

Llegó el turno de Walter Aduviri, presidente regional de Puno.

El Poder Judicial sentenció a Aduviri a 6 años de prisión efectiva y al pago de 2 millones de soles por reparación civil en favor del Estado, ordenando a la Policía Nacional su captura inmediata. El Ministerio Público había pedido 7 años y 5 millones de soles. Aduviri está en la “clandestinidad” desde que un juez ordenó 15 días de prisión preventiva por haber violado su comparecencia restringida y para garantizar su presencia en la lectura de sentencia. Aunque fue visto por última vez en Lima para reunirse con la Ministra del Ambiente, Aduviri habría cruzado la frontera y fugado hacia Bolivia.

¿Por qué fue la sentencia?. En 2011 Aduviri, entonces presidente de un “Frente de Defensa de los Recursos Naturales de la Zona Sur de Puno”, lideró una violenta protesta de campesinos de etnia aimara contra el proyecto minero Santa Ana, autorizado legalmente en 2007 por el gobierno de Alan García a la empresa minera canadiense Bear Creek Mining Company. Tras intentos fallidos de diálogo, la protesta fue radicalizada.

Después de varias semanas y en plena campaña electoral del ballotage presidencial, Aduviri incitó a una masa indígena a sitiar y tomar la ciudad de Puno. Aduviri tenía mayor apoyo en Puno que en Juliaca, donde siempre fue mal visto. Pronto empezaron el caos y los saqueos. Fueron incendiadas oficinas de la SUNAT, la Contraloría General de la República, el Gobierno Regional y locales comerciales. Fueron “bloqueadas” por turbas dos carreteras entre Puno y Desaguadero. Se impidió el libre tránsito de turistas y carga. La Cámara de Comercio y Producción de Puno calculó pérdidas por 117 millones de dólares.

Tras mes y medio de la salvaje manifestación anti-minera, el gobierno de García canceló el proyecto Santa Ana. Con la razón del contrato, Bear Creek llevó al Perú hasta el CIADI, el tribunal arbitral del Banco Mundial. Como era previsible, en 2017 el Perú perdió: debe pagar 26 millones de dólares a Bear Creek. La minera canadiense ha estado dispuesta a “negociar” Santa Ana, porque el CIADI le reconoció un monto indemnizatorio menor al solicitado en 2014.

Mientras tanto, el levantisco Aduviri era procesado penalmente. En 2017 fue condenado a 7 años de prisión efectiva como principal responsable por la violenta protesta. Estuvo diez meses prófugo. A fines de 2018, siendo candidato regional, la Corte Suprema de Justicia declaró fundado su recurso de casación y ordenó un nuevo juicio de primera instancia. En las elecciones municipales y regionales del año pasado, fue elegido.

Fresco como lechuga, Aduviri siempre ha dicho que Lima no conocía “la realidad de Puno (..)”. Ha alegado que “El hecho de que la población se ponga de pie no quiere decir que ellos han incendiado, ni asesinado a nadie (...)” y se ha preguntado “¿Por qué me voy a entregar si yo no he cometido ningún delito y no me lo han probado?”.

No es “criminalizar la protesta”, como maliciosamente señaló el periodista Nicolás Lucar. El derecho a protestar jamás está por encima del imperio de la ley.