Nuevo Gobierno y nuevo pedido de facultades
legislativas al nuevo Congreso.
Esta vez el pedido es sobre reactivación económica y
formalización, seguridad ciudadana, lucha anticorrupción, saneamiento y
reorganización de la petrolera estatal PETROPERU. Respecto al primer tema, se
pretende reducir la elusión fiscal, crear incentivos tributar para la
formalización de la economía (incluiría la derogación de la Ley para la Lucha contra la Evasión y para
la Formalización de la Economía de 2004, que creó el Impuesto a las
Transacciones Financieras y el sistema de retenciones y percepciones), fomentar
el mercado de capitales, optimizar el sistema de inversión pública, fortalecer
ProInversión, reformar los sistemas previsionales, etc.
El punto central es la reducción del Impuesto
General a las Ventas (IGV), del 18% al 17%. Es promesa electoral de Su
Excelencia y, según él, “reactivaría” la economía devolviendo dinero y sería otro
incentivo a la formalización. Por ahora, la oposición en el Congreso no está
convencida de esa premisa.
Para compensar lo que el Estado dejaría de recaudar
por la reducción del IGV, se plantea revertir la reducción del Impuesto a la
Renta (IR) que en 2014 el gobierno de Ollanta Humala promovió. En ese momento,
se aprobó una baja del IR en tercera categoría para las empresas de 30% a 28%
entre 2015 y 2016, a 27% entre 2017 y 2018 y a 26% en 2019. Al mismo tiempo, se
elevó el cobro a los dividendos a 6,8%, 8% y 9,3%, lo cual afecta a las
empresas con convenios de estabilidad tributaria. Ahora se plantea regresarlo a
4.1%. Para contribuyentes del IR en cuarta categoría, profesionales
independientes con salarios entre S/. 26,600 y S/. 45,600, la tasa bajó de 15%
a 8%. Por último, el IR en quinta categoría, para trabajadores con salarios
mayores a S/. 1,500 pagados con recibos por honorarios, la tasa bajó de 10% a
8%. Como siempre hay “vivos” que declaran menos de lo que ganan, por desgracia,
no hubo un mejor combate a la evasión fiscal.
Los voceros oficialistas apelan al “que los ricos
paguen más impuestos”, pero la economía no es así. El IGV es un impuesto
indirecto y regresivo, cuyo fin no es castigar la creación de riqueza en una
sociedad sino recaudar tributo a través del consumo. Todos consumimos y
mediante boleta de venta o factura, todos pagamos. En cambio, el IR es un
impuesto directo y progresivo que sí castiga la creación de riqueza. El Estado
nos dice que no podemos ganar “demasiado” dinero, porque nos lo quitará. Muy Robin
Hood, pero este afán justiciero sí incentiva el no querer pagar y el
Estado no necesariamente recaudará más.
En América Latina, Panamá tiene un Impuesto al Valor
Agregado (IVA), equivalente a nuestro IGV, de 7%, Paraguay 10%, Guatemala 12%, Costa
Rica y El Salvador 13%, México y Colombia 16%, Brasil 17%, la República
Dominicana 18% y Chile nos supera con 19%, Argentina con 21% y Uruguay con 22%.
En cambio, excepto Argentina, Guatemala, México y Venezuela, América Latina
tiene una tasa de IR empresarial promedio del 25%.
Se intuye qué impuesto gana en esta batalla, ¿no?.

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