Están por varias zonas de Lima.
Venden desde ropa de caballeros y damas hasta alimentos, incluida cualquier
bisutería. No sabemos si es mercadería lícita comprada o robada, pero todo se
vende.
Quienes venden son hombres y
mujeres, desde jóvenes hasta ancianos. Desparraman la mercadería sobre el suelo
o utilizan algún mueble rodante. Todos dicen que trabajan en la calle “por
necesidad”, pero cuando se les ofrece “formalizarlos” en serio lo rechazan con
ene pretextos. No respetan la propiedad pública, les da asco la posibilidad de
tributar, exhalan un aire de insolencia y están dispuestos a destruir, golpear
y hasta matar por mantener su modo de vida. Así son los vendedores ambulantes,
que nuevamente se han convertido en un problema para la ciudad capital.
Al otro lado, está la alcaldesa
Susana Villarán y sus funcionarios, quienes por acción o inacción han permitido
que vendedores ambulantes (re)ocupen distintas calles y avenidas del Centro
Histórico y proliferen en varios distritos de la ciudad. Cuando periodistas o
reporteros les preguntan por qué ocurre, responden que es un “fenómeno social”.
A la pregunta de cómo enfrentarlo, responden que es necesaria la “reubicación”
o programas de “reconversión laboral”. Mientras tanto, siguen allí, invadiendo
pistas o veredas, ensuciando, tugurizando y dando a la ciudad una apariencia
cada vez más “pueblerina”.
No todo informal es ambulante, no
todo ambulante es informal y no todo ambulante es informal, porque no pueda “formalizarse”.
La formalidad tiene costos (licencias, recibos, certificados, pagos, etc.),
pero esos vendedores ambulantes que se llenan la boca pregonando el “derecho al
trabajo” saben que la informalidad es más barata. De izquierda a derecha del
espectro político ya hay un consenso en que los costos de la formalidad bajen
(aún más), pero ningún político, economista, periodista o intelectual pide que
los costos de la informalidad suban. De lo contrario, se mantiene un perverso
incentivo para la informalidad.
Una forma de aumentar el costo de
la informalidad serían los operativos policiales para retirar a esos vendedores
que ocupan calles y avenidas. Esos individuos, quienes suelen amparar el lumpen
y la criminalidad, deben entender y hasta temer ocupar espacios públicos,
porque “les puede ir muy mal”.
Esa lucha no puede encabezarla
personajes de mentalidad “pequeñoburguesa” como Villarán, que consideran a esos
vendedores ambulantes como “el pueblo”, mientras hostigan o desprotegen a
dueños o administradores de tiendas comerciales. En la década de 1980 el
alcalde Alfonso Barrantes también “permitió” que el comercio ambulatorio se
apodere del centro de Lima y alrededores, pese a esfuerzos de su antecesor y un
joven regidor metropolitano llamado Luis Castañeda por erradicarlo. Doña Susana
nos regresó al pasado.
Si queremos que Lima se parezca a
Buenos Aires, Santiago de Chile, Bogotá o México DF, no hay otra opción que “arrasar”
con vendedores ambulantes y su mercadería (desde 1991 está prohibido confiscarla),
así como fue “arrasada” la alcaldesa.
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