Un fiscal ha realizado el allanamiento de dos
inmuebles de la ex alcaldesa de Lima, Susana Villarán. Fueron autorizados por
un juez.
A raíz del “escándalo Odebrecht” (la corrupción de
la empresa constructora brasileña en el Perú entre 2005 y 2014) y en el marco
de la “operación Lava Jato” (la trama de corrupción del conjunto de las
empresas constructoras brasileñas, dentro y fuera de Brasil), Villarán y su
gerente municipal José Miguel Castro (hijo del ex diputado Julio Castro Gómez)
han sido señalados de haber recibido dinero de las empresas Odebrecht y OAS
para financiar la campaña por el NO en la consulta popular de revocatoria del
mandato de Villarán en 2013.
De Odebrecht, sabemos que la empresa aportó dinero a
candidaturas presidenciales y parlamentarias en 2006 y 2011, pero el caso Villarán
es distinto: ella y Castro eran funcionarios públicos cuando recibieron aportes
y Odebrecht y OAS eran proveedoras de la Municipalidad Metropolitana de Lima:
OAS era el principal accionista en la concesión vial Vía Parque Rímac (también
Línea Amarilla) y Odebrecht estaba negociando la concesión vial Rutas de Lima.
Este caso penal no es complicado, pero estoy dudando
de fiscales y jueces que están demostrando incompetencia y mala entraña. No me
malentiendan: no es una defensa política ni jurídica de Villarán. Me opuse
desde el inicio a su administración metropolitana y voté SI a su revocación en
la consulta popular de 2013. Durante los gobiernos de Valentín Paniagua y Alejandro
Toledo, cuando el Ministerio Público y el Poder Judicial investigaron, juzgaron
y sancionaron la “mega-corrupción” de la década de 1990 solían rotular bien los
supuestos delitos cometidos por los implicados, realizan los allanamientos
oportunamente (previa investigación preliminar) e imponían prisión preventiva
cuando correspondía. Ahora no sucede lo mismo.
Para Villarán no hay “lavado de activos”. Si los
fiscales insisten en rotular este caso con esa tipificación delictiva, los
jueces deben desestimarlo. No todos los casos serían “lavado de activos”. Acá
habría “cohecho pasivo impropio” grave (pasible de cárcel efectiva), no “lavado
de activos”, porque los hechos y las evidencias no calzan con aquel delito.
Asimismo, ha transcurrido más de un año desde que
estalló el “escándalo Odebrecht”, ¿recién el fiscal solicitó el allanamiento?,
¿acaso Villarán -no digo que lo hubiese hecho- no ha tenido suficiente tiempo
para destruir evidencia incriminadora?. También, ¿por qué solicita allanar
viviendas?, ¿acaso sólo se puede hallar evidencia en casa?.
Por último, Villarán ameritaría prisión preventiva
si hay indicios razonables de fuga, interfiriera con la justicia o continuase
delinquiendo. No hay otros criterios, como sí ha sido aplicado para otros
implicados, porque los fiscales y jueces hoy parecen buscar felicitaciones de
políticos, elogios de periodistas y aplausos de las masas. Tampoco se puede
aceptar que jueces rehúsen decidir un Habeas Corpus. Que para ellos la libertad
personal valga poco es inaudito.
Quiero justicia, no ajusticiamiento.
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