El último
viernes por la noche, el Gobierno nacional nos sorprendió con una noticia
inesperada.
El permiso
de construcción entregado a la empresa minera Southern Perú para el proyecto Tía María en Arequipa fue
“suspendido” por 120 días hasta que el Ministerio de Energía y Minas resuelva
observaciones del Gobierno Regional de Arequipa y la Municipalidad Provincial
de Islay. Decisión tomada durante un “paro indefinido” en Arequipa, convocado
por anti-mineros de izquierda radical y sindicalistas mafiosos, amparados por
agricultores arroceros y usuarios regantes.
El primer
día de ese “paro” fue violento. A los bloqueos de carreteras existentes, se
sumó el salvajismo en la ciudad de Arequipa. Hordas de energúmenos bloquearon
avenidas y calles, forzaron el cierre de establecimientos comerciales y paralizaron
la actividad económica, agredieron vehículos de transporte público, dañaron
propiedad privada y pública y se enfrentaron con efectivos de la Policía
Nacional. Hubo heridos y también detenidos, de quienes todos esperamos el
Ministerio Público y el Poder Judicial procesen.
Para el
cuarto día, el “paro” se “desinfló”. Cada vez hubo menos manifestantes y la
presencia policial aumentó. Se ha impedido a manifestantes el acceso hacia la
Plaza de Armas y el bloqueo de avenidas y calles dentro de la ciudad. También
que vuelvan a “bloquear” carreteras desbloqueadas. Las clases escolares se reiniciaron.
Que el Alcalde de Arequipa haya negociado con los manifestantes (pese a la
negativa de regidores opositores) una “pausa” en el “paro” por la pronta celebración
del aniversario de la ciudad también ayudó. Desde el inicio el Ejército fue
enviado a proteger el puerto de Matarani. A pesar de la presencia militar,
alrededor del 50% del transporte de mercancías hacia Matarani no pudo llegar al
puerto por el bloqueo de las carreteras.
El
principal instigador del “paro”, el amenazador presidente regional Elmer
Cáceres Llica, estuvo desaparecido. Según su asesor legal, temía lo hicieran
“blanco de críticas” por el vandalismo del primer día. Días después Cáceres
Llica habló por video en la red social Twitter
pidiendo a los manifestantes no destruir propiedad privada o pública ni atacar
a quienes no quieran protestar. La amenaza de ciudadanos marchando contra el
“paro” le había demostrado su fracasó. Como rogando, el otrora bravucón pidió
al Gobierno nacional anule el permiso.
¿Por qué el
Gobierno nacional cedió?. Que el Ministro de Energía y Minas no venga con
“medias verdades”: fue una decisión política. Como dijo la presidenta de la
Confederación Nacional de Instituciones Empresariales Privadas (CONFIEP), María
Isabel León, se ha cedido ante Cáceres Llica, aunque también reconoció que
“suspensión” no es igual a “anulación”.
Dudo mucho
que Cáceres Llica, los “rojos” anti-mineros y demás se contenten con la
“suspensión”: seguramente, seguirán exigiendo la anulación. Ya vieron que el
Gobierno nacional sí cede. Entonces, ¿por qué la cesión?. Quizá la respuesta
esté en las recientes encuestas de opinión de IPSOS y DATUM sobre la
popularidad del Presidente de la República, quien ha subido en Lima, el Norte,
el Centro y el Oriente, pero no en el Sur. Posiblemente, por el conflicto Tía
María.
Para Su
Excelencia, quien es un “aventurero” incompetente y narcisista, incapaz de
soportar que no lo aplaudan ni lo vitoreen, es inaceptable que peruanos y
peruanas del Sur no lo quieran y necesita complacerlos de alguna manera. De
verdad, que el “infeliz” busque un psicólogo para lidiar con sus traumas antes
que termine “cargándose” el Perú.
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