En el Perú la izquierda radical no aprende. Sigue retrograda,
ideologizada y cínica.
No bastó con la ruptura de la facción parlamentaria
surgida de las elecciones generales de 2016 entre el movimiento Tierra y
Dignidad del ex sacerdote católico y congresista Marco Arana, quien tiene el membrete
de “Frente Amplio”, y el movimiento Nuevo Perú, liderado por la ex congresista
Verónika Mendoza, conformado por disidentes de Arana. Los “mendocistas” esperan
que el Tribunal Constitucional declare inconstitucional la enmienda reglamentaria
del año pasado que impide la conformación de nuevas bancadas parlamentarias para
dar sentido al alejamiento con los “aranistas”.
Por ejemplo, “aranistas” y “mendocistas” en el
Congreso rehusaron apoyar una moción de orden del día en la Cámara rechazando
el proceso constituyente convocada por la dictadura de Nicolás Maduro, condenando
la brutal represión y solidarizándose con la Asamblea Nacional opositora
pretextando “asuntos más importantes”. Además, el ex diputado y congresista
Manuel Dammert, “mendocista” y “boca-floja” desde la década de 1980, aplaudiendo
la Constituyente en la red social Facebook,
a pesar de la inconstitucionalidad y el vicio de los comicios y el desconocimiento
por los Estados Unidos, Canadá, catorce países de América Latina, la Unión
Europea, varios países europeos y hasta el Vaticano.
De otro lado, en la Comisión de Trabajo y Seguridad
Social del Congreso se discute un proyecto de ley para promover el empleo
juvenil asumiendo el Estado el aporte del empleador a ESSSALUD. En el mercado
laboral esta norma no tendría mayor impacto, pero el congresista Justiniano
Apaza, un viejo sindicalista de la década de 1970 y hoy “mendocista”
(presidente de la comisión), ha dicho que él ni la izquierda radical permitirán
la “Ley Pulpín 2.0”, en maliciosa referencia a la “Ley que promueve el acceso de
jóvenes al mercado laboral y la protección social” de 2014, que
ocasionó airadas protestas de estudiantado y sindicalistas de izquierda radical
y fue derogada sin haberse aplicado.
Por último, frente a las huelgas departamentales de maestros
del Sindicato Unitario de Trabajadores de la Educación Peruana (SUTEP) por casi
60 días y que ha “quebrado” la unidad del sindicato magisterial, los congresistas
Indira Huilca (joven política “mendocista”) y Jorge Castro (“aranista”)
metieron sus cucharas: descalificaron el acuerdo del Ministerio de Educación con
los gobiernos regionales para el pronto aumento del “sueldo base”, exigieron al
Gobierno nacional el doble y “reconsiderar” las evaluaciones docentes, como
quieren los huelguistas. Encima Huilca minimizó una reciente denuncia periodística
alertando la infiltración del Movimiento por la Amnistía y los Derechos Fundamentales
(MOVADEF), vinculado a la facción “acuerdista” de Sendero Luminoso, en el
sindicato magisterial e insinuó que el MOVADEF sería “excusa” para “atentar”
contra el magisterio.
La izquierda radical no cambia. Nadie se queje después
por qué obtiene en elecciones menos votos de los que creyó conseguir.
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