Esta semana el Tribunal Constitucional resolvió una causa importante.
El Colegio de Abogados de La Libertad presentó una acción de inconstitucionalidad contra un decreto legislativo de hace dos años, que modifica el Código Tributario de 1997 permitiendo a la Superintendencia Nacional de Administración Tributaria (SUNAT) el cobro de deudas tributarias prescriptas. Este decreto modifica otro de 2012 y busca que la SUNAT cobre alrededor de 9 mil millones de soles a 158 grandes empresas.
El Gobierno de ese “aventurero” llegado a la Presidencia de la República mediante la sucesión constitucional de 2018 y los medios de comunicación “gobierneros” presionaron al Tribunal contra la inconstitucionalidad. “No podemos vivir sin impuestos”, dijo en Cusco ese “aventurero” a quien debiéramos echar a patadas y los periodistas “gobierneros” hacían sus cálculos de cuándo cobraría la SUNAT. Obvian que la Constitución de 1993 no permite la retroactividad legal en materia tributaria, no consideran la vulneración a la seguridad jurídica ni se enteran que no habría cobro si el Tribunal Fiscal o el Poder Judicial no fallan a favor de la SUNAT. Tampoco es sobre algunas empresas, porque la voracidad fiscal no se detendrá (las Fuerzas Armadas no se salvan, porque la SUNAT les quitó la exoneración arancelaria de 1963 para la importación de recursos logísticos y armamento) ni con el pequeño contribuyente.
Desde el año pasado el “aventurero” y “sus” medios de comunicación usan políticamente al Tribunal. Tres de sus siete magistrados son “gobierneros”. Tres son opositores y uno no se define. No obstante, muchos fallos están apegados al Derecho. Por ejemplo, la inconstitucionalidad de la ley que suspendía el cobro de peajes en las concesiones viales. Es evidente que el Gobierno y sus aliados no quieren que cambie la correlación de fuerzas al interior del colegiado.
Ahora el Congreso pretende nombrar nuevos magistrados y el Gobierno y “sus” periodistas empiezan -otra vez- a descalificar la selección. Cuando pronto los magistrados verían la ley sobre devolución de aportes al Sistema Nacional de Pensiones, que el Gobierno observó, pero el Congreso insistiría, pregunto: ¿qué de malo tiene el Tribunal Constitucional?.
Los magistrados son seleccionados y nombrados por el Congreso. Por tanto, siempre habrá negociación política. También es irreal pretender magistrados sin simpatías políticas. Ni siquiera en los Estados Unidos, donde demócratas y republicanos siempre pelean dentro del Senado cuando hay un cupo vacante en la Suprema Corte de Justicia de la Nación.
Personalmente, el diseño del Tribunal tiene dos falencias: el mandato es corto. Cinco años. Debiera subir a siete, nueve u once años. Así no coincidiría con el mandato presidencial y el Congreso debiera renovar cupo por cupo. Cada vez que se busca renovar tres, cuatro, cinco o seis cupos a la vez, los críticos gritan “¡repartija!”. Por otro lado, es un colegiado pequeño. Un Tribunal con doce a dieciséis magistrados sería más difícil de presionar que uno con siete.
¿Qué opina usted?.
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