Un fantasma
aún merodea la política peruana. Nació hace cuarenta años: la Constitución de
1979.
Aprobada
por la Asamblea Constituyente de 1978, fue el pacto político entre el APRA y el
Partido Popular Cristiano para volver a la democracia en esa época. A ese
esfuerzo de elaboración se sumaron los constituyentes Jorge del Prado, Carlos Malpica
Silva Santisteban, Javier Ortiz de Zevallos y Héctor Cornejo Chávez. Acción Popular,
que no participó en la labor constituyente, una vez vigente la Constitución de
1979, la asumió en letra y espíritu.
Inspirada
en el constitucionalismo de España, Francia, Italia y Venezuela, la
Constitución de 1979 fue innovadora en varios aspectos: incorporó la noción liberal
y marxista de los Derechos Humanos al articulado y plasmó la evolución
constitucional del Perú. También agregó un hermoso Preámbulo idealista. Sin
embargo, fue un texto propio de otra época: contemplaba el criterio doctrinal del
“Estado como motor de la economía” y posibilitaba un fuerte intervencionismo con
regulación, planificación, control o expropiación en las actividades
económicas, comerciales y financieras.
La
Constitución de 1979 llegó tarde a su cita histórica. Hubiese sido “magnifica”
treinta años antes. No obstante, la década de 1980, esos años de la violencia
terrorista, el desastre económico, la descomposición institucional y una partidocracia
corrompida, creó un abismo entre la norma idílica y la durísima realidad. Fue
el acabose. Cuando ocurrió el golpe de estado del 05 de abril de 1992 y la
Constitución de 1979 fue “derogada” (“abrogada”, si prefieren), poquísimos
peruanos la defendieron.
La
Constitución de 1979 está muerta, pero su fantasma nos apareció con el retorno
a la democracia en los años 2000 y 2001. Sin embargo, que la Transición se
hiciera con la Constitución de 1993 y ésta continuará en los sucesivos gobiernos
democráticos descartó la “resurrección” del muerto, a pesar de personajes “casi-folklóricos”
que insistían, como los ex senadores Alberto Borea y Javier Valle Riestra.
Animados, porque en 2003 el Tribunal Constitucional falló que una de las cláusulas
pétreas (el “candado democrático”) de la Constitución de 1979 está vigente.
Caso aparte
es la izquierda radical. Los “rojos” rechazaron la Constitución de 1979 cuando
nació, porque la Asamblea Constituyente no fue mayoritariamente “roja”. Así
votó el pueblo libremente en las ánforas, dijo entonces en un artículo de
opinión el abogado Luis Pásara. Vigente, la acataron a regañadientes: era la “Constitución
demo-burguesa y reaccionaria”. No obstante, tras el golpe de 1992 los “rojos” empezaron
a “amarla” y durante los años posteriores a la Transición insistieron en “revivirla”.
En realidad, sólo era un pretexto de los enemigos de la democracia
representativa y la economía de mercado para hacerse con todo el poder.
He ahí el
punto: la Constitución de 1979 se convirtió en una bandera de “anti-modernidad”,
enarbolada por una ínfima minoría que quiere sacar de la era moderna y global
-cuando recién estamos entrando- al Perú y empujarnos hacia atrás en el tiempo.
A esa gente no le interesa el fortalecimiento institucional, el crecimiento
económico y el desarrollo humano. Sólo vive para cumplir su fantasía de reivindicación
regeneracionista.
La
“anti-modernidad” nunca fue la inspiración ni los propósitos de quienes
elaboraron la Constitución de 1979. Ellos querían un Perú moderno, próspero y
justo, aunque se equivocaron en el fruto de la labor constituyente. Recordémoslo
para que la Constitución de 1979 tenga el lugar que le corresponde en nuestra
Historia.
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