Según el politólogo Carlos Meléndez, en ningún país
latinoamericano se está hablando tanto del “acuerdo de paz” y el plebiscito como
en el Perú.
El “Acuerdo” en Colombia era resultado de un proceso
negociador iniciado en 2012 entre el gobierno de Juan Manuel Santos y las
Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC), una guerrilla comunista surgida
en 1964, señaladas como “narcoterroristas” por las violaciones a los derechos
humanos y crímenes de lesa humanidad cometidos. Recientemente, se firmó el
documento de 300 páginas en una linda ceremonia, con cantoras, misa y “balígrafos”
(bolígrafos con balas de fusiles), a la cual asistió el Presidente de la
República: hecho aplaudido por muchos expertos en relaciones internacionales.
Para el chileno José Miguel Vivanco, director de Human Right Watch, ONG defensora de los
derechos humanos en América Latina, el “Acuerdo” era un “premio” a las FARC y
daba impunidad a los delitos cometidos. Nadie iba a estar prisión, no tenían
que devolver dinero mal habido y, encima, se les iba a dejar en control
territorial de amplias zonas del país y con escaños parlamentarios, entre otras
cosas. El “Acuerdo” debía refrendarse en plebiscito, pero -contra todo
pronóstico- ganó la opción NO.
¿Por qué la repercusión en el Perú?. Meléndez quiere ver
semejanza entre las facciones “acuerdista” y “pro-seguir” de Sendero Luminoso
con las FARC y los promotores del NO con quienes acá defienden todo salvajismo
militar-policial en la lucha antiterrorista durante las décadas de 1980 y 1990,
acusan a cualquier que les discrepe de “caviar” o “filo-terrorista” y se llenan
la boca con su “¡Terrorismo nunca más!”.
¡No!. Son dos realidades distintas.
En el Perú es inaceptable negociar con senderistas.
Cuando el periodista Gustavo Gorriti lo propuso en 2012, fue rechazado desde
izquierda hasta derecha. Rendición incondicional, nada más. Tampoco nadie planteó
incorporar senderistas a la política. La “justicia transicional” aquí pasaba
por juzgar y sentenciar violadores de derechos humanos y criminales de lesa
humanidad, “reparar” a víctimas o familiares de víctimas y estudiar por qué
ocurrió todo para no repetirlo, jamás por “amnistiar” terroristas presos y
pretender que nada sucedió.
Quienes en Colombia abogaron por el NO en el
plebiscito no eran “guerreristas” o “enemigos de la paz” sino personajes con
tradición republicana, vocación democrática y calidad intelectual para entender
que la paz no es a cualquier costo. En el Perú, salvo excepciones, los corifeos
del “¡Terrorismo nunca más!” aún defienden
la dictadura, llaman “excesos” a matar, torturar, violar o desaparecer,
despotrican del Informe final de la Comisión de la Verdad y Reconciliación que
ni siquiera han leído y siguen difundiendo un “relato heroico” (militares y
policías eran “guerreros antiterroristas” por Dios y la Patria) del pasado
reciente, todo apelando a una insultante pobreza argumental.
No me sedujo el “fetiche” de la paz de Santos, pero
tampoco he caído en el alarmismo de quienes levantan el “cuco” terrorista por
interés político.

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