Recientemente, el Ministerio de
Salud aprobó el postergado “protocolo de aborto terapéutico” para madres
gestantes en riesgo de salud. La curia de la Iglesia Católica y la pastoral de
las iglesias evangélicas han pegado grito al cielo.
Sumado a la posible aprobación
del proyecto de ley de “unión civil” no-matrimonial entre personas del mismo
sexo, las jerarquías de estas iglesias exigen que el Estado utilice todo la
fuerza coercitiva para “defender” la vida, el matrimonio heterosexual y la
familia ante los avances de la “demoniaca” modernidad, a costa de restringir
libertades individuales.
Si todo fuese una cuestión
religiosa, muchos sacerdotes católicos y pastores evangélicos se limitarían a
pedir a las distintas feligresías que lean, estudien, reflexionen y comprendan
la “palabra de Dios” escrita en la Biblia e interioricen las enseñanzas
cristianas para practicarlas en la vida cotidiana. Por desgracia, la Iglesia
Católica y las iglesias evangélicas están propalando un mensaje alarmista,
intolerante y amenazador basado en la superstición que el imperio de la ley
debe someterse a “la voluntad del Señor”. Mejor dicho, a la voluntad de quienes
pregonan que encarnan “la voluntad del Señor”.
En la actualidad, el cardenal
Juan Luis Cipriani, primado de la Iglesia Católica peruana, es el más conspicuo
representante de ese sector reaccionario de la derecha conservadora, celoso guardián
de la “pureza de la fe”. Incluso las iglesias evangélicas no lo ven con malos
ojos. Según los sociólogos Luis Pásara y Carlos Peñaranda, autores del pequeño
libro Cipriani como actor político, editado por el Instituto de
Estudios Peruanos, Cipriani ha “politizado” la defensa de dogmas y preceptos de
fe.
Esa politización evoca un rezago
de la vieja mentalidad colonial española materializada en el Tribunal del Santo
Oficio de la Inquisición: el Estado como instrumento divino para la defensa de
la doctrina. Obviamente, es contraria a la secularización de la sociedad
peruana, cuya cúspide fue la aprobación mayoritaria de la libertad de cultos y
la eliminación del “Estado confesional” o “defensor de la religión” en la
Asamblea Constituyente, en 1979. Sin embargo, esa mentalidad se alimenta de la
tradicional ritualidad religiosa de quienes, por ejemplo, juran con la Biblia
en mano, delante de un crucifijo e invocando a Dios Todopoderoso.
Pregunto si Cipriani y compañía
ecuménica buscarían contaminar las políticas públicas con sus dogmas
teológicos si, por ejemplo, el
Presidente de la República jurase su cargo con la mano sobre la Constitución de
1993 (aunque sea algo impresentable) en lugar de la Biblia. Mientras rija el Concordato
de 1980 con el Vaticano, nunca lo sabremos.
Profeso la fe católico, rechazo
el aborto y no apruebo uniones homosexuales dentro de “mi” iglesia, pero soy
liberal y deploro que “oscurantistas” quieren usar al Estado para imponer sus
creencias a los demás y restringir la libertad de quienes quieren elegir si
optan o no por la maternidad o se unen civilmente con su pareja del mismo sexo.
Así creo que es la modernidad.
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